¿En qué situación se encuentra el derecho de la competencia en la C. Valenciana? Hay muchos frentes abiertos con las nuevas formas de economía.
Estamos en unos tiempos de cambios exponenciales. La digitalización de la economía es imparable. Esto ha cambiado de raíz mercados tradicionales: el transporte público, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, las viviendas turísticas, las gasolineras desatendidas... Los operadores dominantes del mercado pueden adaptarse, pero tienen una fuerte tentación de generar comportamientos anticompetitivos para proteger su posición frente a la novedad, a la disrupción tecnológica. E intentan presionar a la administración para que reglamente el sector. Se hacen llamamientos para ordenar, disciplinar, reglamentar el mercado. Imagino que pretenden que se reglamente en beneficio propio, con apelaciones al interés de los consumidores, ciudadanos, puestos de trabajo... Pero la Administración se debe al bienestar de los ciudadanos. Y en ese sentido tengo claro que el bienestar de los ciudadanos es tener lo mejores bienes y servicios posibles al precio justo mas bajo posible. Por eso creo que el derecho de la competencia es una vacuna contra la corrupción. Muchas veces la administración, cuando entra en un sector, normalmente asiste a presiones entre diferentes operadores. Y dan muchos argumentos plausibles. La administración debe ser cauta porque funciona con un a priori: solo debe restringir la libre entrada en los mercados si hay un fallo de mercado o un interés público claro que sea digno de protección. Y siempre con proporcionalidad.
Tras el informe de la CDC en el que critica el registro obligatorio para los apartamentos turísticos casi se les ha acusado de fomentar la economía sumergida.
Yo quiero que pague tributos todo el mundo. Lo que no puede ser es que porque haya sujetos que no paguen impuestos lo utilicemos de excusa para establecer barreras de entrada a un sector. Precisamente, la administración debe procurar los medios técnicos para que todos paguen impuestos. Y las plataformas colaborativas, más que la economía tradicional, permiten el control de las prestaciones. Los pagos se hacen por transferencia bancaria, constan digitalmente todos los datos. Es más fácil de rastrear esas tasaciones económicas. Suena a boutade, pero Hacienda puede decir mañana mismo a Airbnb: ´retenga un 25% de lo que le paga usted a los que ofrecen sus viviendas y comunique la tasación a la agencia tributaria´. No es verdad que proteger la entrada de nuevas plataformas al mercado beneficia a la economía sumergida, porque son dos problemas distintos.
También se solapan confictos en el debate de los horarios comerciales.
En manos del poder público está solucionar el problema de los impuestos. En el tema de los horarios comerciales hay argumentos de defensa de la conciliación de la vida de los trabajadores o de malas condiciones en las grandes superficies. Ese argumento no tiene que ver con los horarios sino con las condiciones de los trabajadores. Aplíquese el derecho laboral, y si no está bien regulado, regúlese las horas extras.
¿Cómo solventaría el tema de las aperturas en festivos? ¿Ve injerencia del Ayuntamiento de Valencia en su propuesta para reducir las zonas de gran afluencia?
Soy consciente de que la política de competencia no es la única política. Pero claramente cualquier ordenación de horarios comerciales es en sí misma restrictiva de la competencia. Primero porque los horarios, el tiempo, es un elemento competitivo más junto al precio del bien. Tú compites en precio, en calidad de tu producto, pero también en horario. Por eso hay cerrajeros que trabajan 24 horas y te cobran más caro. El comercio debe decidir cuál es su franja de competencia. Habrá comercio de muebles de determinada calidad que ni se plantean el fin de semana porque su cliente es otro. La libertad de horarios es un elemento fundamental porque el ideal es acceder a cualquier bien en cualquier comercio. El tema aquí se ha ligado con la alta afluencia turística, que es un tema distinto. Y como se ha ligado a eso se ha llevado el tema a delimitar las zonas de gran afluencia turística. Y así ha pasado en Valencia y Alicante. Es muy difícil decir que la calle que ayer era ZGAT hoy no lo es.
¿Qué opina de la obligatoriedad de la ley estatal de declarar ZGAT en las grandes ciudades?
Creo, sin que profundicemos mucho, que hay un problema de partida de la propia ley estatal. Aparentemente busca la libertad horaria pero luego en el articulado resulta que no, porque dice que cada comunidad autónoma puede limitar. Sin embargo, luego vuelve a echar para atrás, y dice que las de determinado tamaño al menos deben tener una ZGAT. Es un puzle difícilmente comestible. Y nos encontramos con la situación actual que afecta al mercado español: Madrid, plena libertad; otros replanteando su modelo; Cataluña y País Vasco, mercados mas cerrados. Quizá habría que modificar la normativa nacional, pero no creo que sea una injerencia. El Estado tiene competencias para establecer un marco mínimo.
¿Qué tal la relación con el nuevo gobierno autonómico?
Partimos de una situación de déficit brutal de financiación y eso afecta a cualquier organismo. El Consell tiene las manos atadas. Me consta que el presidente Puig, que hace poco mantuvo un encuentro con la CNMC, se manifiesta partidario de potenciar la defensa de la competencia. Por ese lado, mucha predisposición. Y en la propia Conselleria de Economia, Rafael Climent y la subsecretaria de la que depende el servicio siempre han apoyado nuestro trabajo. Dicho sea de paso, a ningún político le gustan las autoridades de defensa de la competencia. Desde el momento en que puede impugnar los actos administrativos de la administración autonómica de rango inferior a ley, somos la piedra en el zapato, da igual el signo político: siempre se nos ve como algo que interviene en sus políticas.
Usted termina mandato este año. ¿Qué pide para su sucesor? ¿Qué balance hace de sus cinco años?
La estructura es la misma que existía con el PP, y la carencia de medios es importante. Más no hemos podido trabajar. A igualdad de tiempo, hemos aprobado muchas resoluciones más que el Tribunal de la Competencia que existía antes de la Comisión, ademas de informes, actos de promoción, una jornada nacional de defensa de la competencia, conferencias. Hemos hecho mucha labor de difusión, pero como siempre ocurre en España con mucho voluntarismo. Radicalmente no podemos seguir con esta estructura: hay que dotar con más medios a la instrucción y de mayor solvencia e independencia al órgano resolutorio. La independencia se tiene o no se tiene, no la da la posición administrativa. Pero para determinar multas y sanciones en materia de operaciones entre empresas, las presiones son muchas, y más cuanto más inestable es tu posición. El consell debería reformar el decreto 40/2012. Basta seguir el modelo catalán, que funciona los 365 días del año, no cuando se reúne una vez al mes. Se vería la defensa de la competencia como un elemento importante de esa economía. El emprendedor no se queja de no poder desarrollar sus ideas solo por falta de medios sino porque los que están fijan barreras de entrada.
¿Qué retos tiene por delante la CDC?
Un gran reto es conseguir que la administración, antes de cualquier normativa, que afecta a la competencia, pida un dictamen como ya ha hecho la Dirección General de Comercio. Aunque para soportar ese trabajo deberá mejorar la estructura de la comisión. Y seguir intentando localizar los acuerdos restrictivos de la competencia, que son los mas dañinos. Para descubrir carteles necesitas fuerza bruta, necesitas instructores, inspectores... Hemos trasladado la idea de que la dirección de Consumo podría servir para esta tarea. Es verdad que no tienen formación específica, pero se podría recoger la idea. Ver si esa queja del consumidor esconde detrás un acuerdo anticompetitivo.
¿Qué cárteles han destapado estos años?
El problema que tenemos es la falta de recursos. La inmensa mayoría de resoluciones son de colegios profesionales, diseñadores, ingenieros, arquitectos, administraciones de fincas... Es fácil detectar las conductas anticompetitivas porque se muestran en su web. Pero hay temas complicados, que no puedo detallar, y que por tamaño nunca pueden ser abordados por la autoridad nacional, afectan a mercados locales.
El transporte privado es otro frente de debate. Uber y el taxi están en guerra. ¿Qué opina de la limitación de la Generalitat a la concesión de licencias VTC, que son con las que opera Uber?
Como es un tema en algún momento nos llegará, no puedo plantear detalles, pero sí puedo decir que el problema de cualquier sector en que la entrada depende de una licencia administrativa es que, en primer lugar, están creando un mercado de licencias. No es el mercado el que nivela el número de vehículos que debe haber, se crea un cierre de mercado. De algún modo, la administración vende billetes de lotería premiados. Y los profesionales que han invertido en sus licencias de taxi ven que ahora llega un operador nuevo que rompe sus previsiones. Pero lo que no podemos hacer es repetir un modelo, un modelo que los estudios econométricos han demostrado que genera como mínimo un 10% de sobreprecio para los usuarios del taxi (en ciudades como Málaga), y es fruto de que no ha sido el mercado el que ha decidido cuántos taxis caben.
