El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) se adapta a los nuevos tiempos. El 13 de marzo de 1991 las Corts Valencianes aprobaban la Ley 4/1991 por la que se constituyó un organismo de naturaleza jurídica autónoma y tutelado por la Conselleria de Agricultura que durante la última década ha sufrido de lleno los recortes en recursos humanos y económicos. La falta de relevo generacional entre sus investigadores, unida a la fuga de cerebros y los ajustes presupuestarios han dejando al centro sin referentes claros de primer nivel en el ámbito de los cultivos mediterráneos, sobre todo en la citricultura . El instituto público ha pasado de un presupuesto de 22,6 millones en 2008 a 13,59 millones, en 2017, lo que representa una disminución del 30 % respecto al inicio de la crisis económica.
«Se han producido muchos cambios en el sector agroalimentario y por eso necesitamos una ley que adapte el funcionamiento del IVIA a la nueva realidad y que garantice la transferencia de tecnología a las empresas del sector y, de otro lado, que aumente los servicios y los avances científicos lleguen a los agricultores», explica en declaraciones a El Mercantil Valenciano la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria, María Teresa Cháfer.
En plena fase de reestructuración, el IVIA ya ha segregado de su estructura el servicio de transferencia de tecnología, cuyo presupuesto supera los tres millones de euros. Dicha área ha sido asumido por la conselleria para impulsar de manera transversal todas las políticas agrarias de esta administración pública gobernada por Elena Cebrián. Con vistas a redactar el anteproyecto de Ley del IVIA, que la administración autonómica negocia con el sector agrario, universidades y otros centros de investigación, el futuro de la entidad con cuartel general en Moncada continúa en el aire y su reestructuración sufre un retraso que también afecta de lleno a otros proyectos del gobierno bipartito del PSPV y Compromís.
Recuperar investigadores
El instituto público quiere recuperar investigadores para actuar con rapidez en el desarrollo de proyectos que aporten soluciones a los problemas. Además, pretende impulsar las estaciones experimentales de Agricultura, que imparten formación, para acercarse más a las necesidades del sector en cada territorio. La actual plantilla fija del organismo, repartida en varios centros, se aproxima a los 240 empleados.
Según Cháfer, el anteproyecto de Ley del IVIA que maneja la Conselleria de Agricultura pretende adaptar su funcionamiento a las nuevas formas de gestionar la investigación y buscar el equipo de profesionales más adecuados para cada proyecto. Junto con el Consell «se trabajará sobre una planificación estratégica». Entre otros fines pretende «cooperar con las políticas de la Generalitat destinadas a reducir o mitigar el impacto del cambio climático y al desarrollo rural», explica Cháfer.
Según la dirigente de la conselleria otros otros centros públicos de investigación agraria como el IRTA (ubicado en Tarragona) «con muy operativos y funcionan bien». Estructuras que tienen otros centros de investigación como el del País Vasco y Cataluña, así como otros países europeos, podrían imitarse para recuperar investigadores y actuar con rapidez en el desarrollo de proyectos que aporten soluciones a los problemas.
Frutas adaptadas al cambio climático
El IVIA ya desarrolla nuevos materiales adaptados a un escenario de cambio climático. En colaboración con el IMIDA de Murcia ha obtenido dos nuevas variedades de melocotón y otras tantas de nectarinas adaptadas al cambio climático. Son precoces y necesitan menos horas de frío. Entre los resultados de gran aplicabilidad destaca en caqui, con la la búsqueda de alternativas al rojo brillante.
En materia de protección vegetal e investigación cooperativa se inician tres proyectos europeos sobre las mayores amenazas a la producción vegetal.
En materia medioambiental, también apostará por reducir costes acordes con las exigencias de los consumidores y los mercados diferenciados que pagan la materia prima mediante el bajo nivel o ausencia de residuos, prácticas no contaminantes con el medio y la salud de los consumidores y el entorno, entre otras medidas. Además, pretende reducir costes de producción, lograr mayor eficiencia energética y en consumos de agua. Y pretende conseguir materia orgánica de calidad y a bajo coste a partir de agrocompostaje, que combine fracción orgánica de residuos sólidos separada en origen, restos agrícolas y forestales.
