La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Plataformas de intermediación de
alquiler de bienes y prestación de servicios han puesto contra las cuerdas a sectores tradicionales, pero también han creado un nuevo mercado de trabajo que cambia el paradigma laboral: hiperflexibilidad, trabajo por encargos. Tras esa música subyacen retos y dilemas: impuestos, derechos laborales, alteración de mercados regulados... Partidarios, detractores y expertos analizan este fenómeno de impacto poliédrico.
¿Qué es la economía 'gig'?
La actividad de compartir bienes o capacidades infrautilizadas ha existido siempre, desde el ejercicio ancestral de compartir semillas, que sigue vivo en València, al intercambio de 'chapuzas' a domicilio. Pero internet ha facilitado la aparición de plataformas de intermediación bien diseñadas para encontrar a quien tenga algo que interese a otro, resume Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo y coordinador desde la Universitat de València junto a Gabriel Doménech del primer grupo dedicado a estudiar este fenómeno en España. Internet, sin embargo, ha hecho que el fenómeno mute en negocio, aunque no cambie el esquema prestacional: «Inevitablemente se ha acabado generando ofertas específicas para obtener un lucro y convertirse en prestador del servicio o suministrador de un bien: desde ofrecerme como conductor a dedicar pisos vacíos a alquiler de estancias cortas», añade.
¿Revolución o un nuevo intermediario?
«No traen nada nuevo en cuanto a tecnología y sistemas de trabajo. Ya existen app para poner en contacto a un usuario con un conductor». Habla Fernando del Molino, presidente de la confederación de autónomos del taxi de la C. Valenciana. Y lo hace desde una trinchera del frente de la economía colaborativa, la de los agraviados por un nuevo modelo de negocio que ofrece tarifas más bajas con empresas de transporte de pasajeros como Uber o Cabify. «Lo único que traen es precariedad, fraude fiscal y un intermediario más en la cadena de transporte», añade. Desde el otro lado del frente de la economía colaborativa y desde otro sector en llamas, el del alojamiento turístico, celebran: «Esto es una democratización de los oferentes de servicios. Antes solo podía alquilar un coche una empresa de alquiler; hoy puedes alquilar tu caravana, tu casa. Maldicen la economía colaborativa porque pierden esa parte de la tarta del pastel, ven peligrar su coto de beneficio y les hace decir que es una bolsa de fraude, lo que en absoluto es cierto», sostiene Francisco García, de la plataforma de propietarios de apartamentos Viutur.
¿Quién se beneficia?
Airbnb o Homeaway como plataformas de alquiler de pisos; Uber o blablacar en el transporte de pasajeros; Deliveroo o Glovo como intermediarios del envío de comida a domicilio. Bajo el paraguas terminológico de la economía colaborativa ha prosperado un ramillete de grandes multinacionales que se benefician de la intermediación para el alquiler de bienes o la prestación de servicios. Ganan. Mucho. Airbnb, buque insignia del alquiler de piso, tiene una valoración de 30.000 millones en sus pocos años de vida. Es más que la mayor cadena hotelera del mundo, Marriot.
¿A quién perjudica?
A los sectores establecidos en los que se ha producido esta disrupción, como a cualquier empresa de autobuses, o al taxi, que teme perder el monopolio de la recogido de pasajeros en la calle; y, sobre todo, la industria hotelera. En la C. Valenciana hay 40.000 apartamentos turísticos. Y la cifra solo cuenta los registrados oficialmente. «Es un triunfo para ellos decir que son economía colaborativa. En ella no hay ni intermediarios ni tráfico mercantil. El problema es que dentro de esa intermediación aparecen viviendas no legalizadas», lamenta Luis Martí, presidente de la patronal hotelera valenciana. «¿Cómo que un particular puede comerciar con algo sin soporte jurídico?». El bocado a su negocio es mayúsculo.
Una fiscalidad controvertida: ¿economía sumergida?
Alberto Aznar, especialista en la materia del despacho Pedrós Abogados, señala tres focos de conflicto: «Airbnb, blablacar, Amazon... tributan en el lugar de la sede fiscal. Irlanda, Holanda, Delaware... es legal pero no debería ser así. Aunque estén bajo la directiva de la sociedad de la información deben pagar impuestos donde prestan el servicio». Segundo: la fiscalidad de la comisión que paga el usuario. «Se considera intermediación en servicios financieros y por lo tanto está exento de IVA. No creo que sea lo más correcto». Tercero, ¿qué régimen tienen los que trabaja para las plataformas, esto es, el ciclista que reparte comida con la caja de Deliveroo, o el conductor de Uber?
¿Nuevos empleos hiperflexibles o trabajar por debajo del límite de subsistencia?
Esta economía colaborativa lleva aparejada una revolución laboral. Del empleo tradicional, con un horario, un salario mínimo y un estatuto laboral, a un nuevo paradigma de trabajo por proyectos, por encargos... Flexible, sí, pero sin cobertura. «Las empresas clasifican a todos como autónomos y no tienen derechos. Los repartidores de Glovo, de Deliveroo no cobran mientras esperan un servicio. Se les considera autónomos y por lo tanto no se les aplica ni salario mínimo, ni indemnización por despido, ni descanso ni jornada máxima», expone Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de las Islas Baleares y autor del libro El trabajo en la era de la economía colaborativa. Entonces, ¿el nuevo modelo fomenta un nuevo tipo de trabajo más flexible o se aprovecha de las necesidades? «No son profesionales que se dediquen a esto, lo hacen porque no tienen otro recurso. Un autor americano sostiene que es la primera vez en la historia que la gente acepta trabajos por debajo del límite de subsistencia. Como no hay límite de jornada, el empleado realiza trabajos hasta obtener ese cantidad límite», apunta Todolí.
Un portavoz de Uber reivindica la versatilidad de la economía colaborativa: «En la gran mayoría de ciudades en las que operamos, los conductores disponen de diversas alternativas para operar servicios de movilidad. De hecho, en muchas de ellas combinan diversas aplicaciones. Al no existir ningún tipo de exclusividad en el uso de la app de Uber, ofrecer las mejores condiciones a los conductores es esencial, ya para ellos dejar de operar a través de Uber es tan sencillo como apagar la aplicación. Para Uber, tan importante es convertirse en la aplicación favorita de los usuarios como serlo para los conductores».
¿Y qué dicen los tribunales? «No son autónomos sino laborales»
Respecto a los derechos de los trabajadores, jueces de EE UU, Reino Unido e incluso Brasil hace pocos días están fallando con más o menos matices que plataformas como Uber no son intermediarios sino una empresa de transporte, con lo que el conductor no es un free lance que aporte determinado valor o talento sino un empleado que aporta mano de obra, explica el profesor Todolí. Consecuencia: hay que contratarlos.
En España los tribunales todavía no está abordando la situación laboral de los trabajadores, pero sí se han fijado posiciones sobre la actividad. Un juez de Madrid prohibió en 2014 el funcionamiento de Uber por «infringir las normas jurídicas de manera muy evidente de un sector regulado en España», esto es, el taxi. Ese mismo juez dio por legal la actividad de Blablacar hace pocos días. A diferencia de Uber, entiende que esta no organiza el transporte sino que solo intermedia entre viajeros que quieren compartir gastos, sin lucro para las partes.
Competencia: el negocio llegado de internet versus los mercados hiperregulados
Las autoridades de la Competencia en España llevan meses cuestionando las barreras de entrada de las administraciones al alquiler de apartamentos turísticos, al funcionamiento de plataformas que permiten competir con el taxi e incluso a otros modelos de negocio, no necesariamente 'colaborativos', pero sí surgidos del desarrollo tecnológico y que amenazan a sectores tradicionales, como las gasolineras automatizadas. «Hay un riesgo doble. Primero, que la administración no impida la entrada a mercado cerrados. El legislador no está regulando como debe la economía colaborativa sino que va levantando barreras conforme un sector amenaza con despidos», defiende Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la C. Valenciana. Pero este profesor de la UV también alerta contra la aparición de nuevos monopolios: «También puede ser un problema que la plataforma que logre coordinar esa economía colaborativa se convierta en monopolio y haga difícil entrar a nuevos actores por no tener ese tamaño». Eso podría perjudicar igualmente al consumidor.
El dilema del Estado: ¿cómo aborda el reto?
¿Qué está haciendo el Estado? Dicen las plataformas de economía colaborativa que España es uno de los países más restrictivos, por normativa y por sanciones. Pero hay asuntos pendientes: «Hay que resolver la cuestión fiscal. Los impuestos son un elemento competitivo», señalan desde Competencia. Coinciden el sector del taxi y los hoteleros: si no se pagan impuestos, los precios son más agresivos y se produce competencia desleal. También está la cuestión laboral, recuerda Adrián Todolí: «Hay que llegar a un equilibrio. Es un nuevo modelo de negocio y tiene diferencias. Hay que establecer una legislación concreta: que sean laborales pero con matices. Que tengan más libertad y autonomía no significa que no sean merecedores de derechos».
