Parece obvio que la actuación de los poderes públicos debería dirigirse principalmente al bienestar de los ciudadanos. Ese mandato, a nuestros efectos, se debería concretar en facilitar el acceso de los consumidores a mejores bienes y servicios al mejor precio posible, fomentando una sana competencia entre los operadores económicos en un tablero del juego con reglas transparentes, procompetitivas y no discriminatorias. Conforme a ello parece también evidente que la expansión del nuevo modelo de gasolineras automatizadas supone un elemento competitivo que debería ser amparado por la Administración por sus ventajas para los ciudadanos: aumento del número de estaciones de servicio, reducción de los precios de venta por sus menores costes operativos, presión a la baja de los precios que ofrecen el resto de gasolineras, etc.
Sin embargo, en los últimos años se han venido sucediendo reglamentaciones autonómicas (incluida la Comunitat Valenciana) que exigen la presencia física de un empleado en las estaciones de servicio con el presunto objetivo de atender a las personas con discapacidad, convirtiendo de facto a las gasolineras automáticas en obligatoriamente atendidas y deteniendo en buena medida la incipiente expansión de este modelo. ¿Cómo han podido alinearse de esa manera los intereses de los grandes operadores del sector -evidentemente contrarios a la expansión de un formato que presiona los precios de la gasolina a la baja- con los de la Administración, asociaciones de discapacitados y sindicatos? ¿Por qué un modelo que supone más del 60% de las gasolineras en Suecia es visto por la Administración autonómica como una discriminación a las personas con discapacidad?
A este respecto, en el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la C.V. del pasado 23 de enero, además de manifestar los importantes problemas jurídicos que plantea la normativa valenciana, desmontábamos una serie de ideas infundadas que han calado en una sociedad tan poco competitiva como la española. El examen del modelo de distribución al por menor de otros países europeos demuestra que las posibilidades de la tecnología y los avances de este tipo de instalaciones permiten atender a las exigencias del principio de accesibilidad universal sin necesidad de imponer la presencia de un empleado -que, por otra parte, es de suponer que no tendrá formación específica en el área de atención a personas con discapacidad-.
Indudablemente se debe exigir que los operadores atiendan las exigencias razonables derivadas del principio de accesibilidad: eliminación de barreras arquitectónicas, sistemas de aprovisionamiento y pago accesibles para discapacitados, etc. Pero en los casos extremos en que personas con grave discapacidad no pudieran repostar en estas estaciones no existiría perjuicio al poder hacerlo en el resto de gasolineras de la red que encima tendrían precios más ajustados porque la nueva competencia las habría empujado a ello. El informe, como otros tantos de las autoridades de competencia, fue inocuo.
Al día siguiente se presentaba el proyecto de resolución -todavía en trámite- que según la prensa contaba con el visto bueno de todos los implicados: «discapacitados, sindicatos, cooperativas rurales y estaciones de servicio tradicionales».
Eché en falta en aquella enumeración a los conductores -consumidores de carburante- y a los nuevos operadores que habían invertido en un modelo de negocio amparado por la normativa estatal en vigor. Sin embargo, esta semana hemos conocido que la Comisión Europea ha abierto expediente a España por estas normas autonómicas. Una vez más parece que van a ser las autoridades europeas las que reparen de forma inapelable las ineficiencias de nuestra regulación económica y esa falta de «cultura de la competencia» de la sociedad española. Una falta de competencia tras la que se esconden graves consecuencias: mayores precios, menor calidad de los productos y servicios que consumimos y más dificultades para que nuestros emprendedores puedan desarrollar sus nuevos modelos de negocio.
