La banca instalada en Suiza, otrora refugio del dinero negro de magnates mangantes, delincuentes de todo pelaje y políticos corruptos, ha recibido en el último lustro tales varapalos judiciales y ciudadanos que la ventaja competitiva de la que gozaba el país helvético frente a la competencia global -el secreto bancario- prácticamente ha desaparecido o va camino de ello con irreversible velocidad de crucero.
El informático Hervé Falciani fue el primero en abrir una fuga de agua en el blindaje suizo y de sus entidades. El -ahora- activista monegasco sustrajo millones de documentos y datos con las identidades de evasores fiscales de todo el mundo del banco británico HSBC. Este delito para la Justicia helvética permitió sólo a España localizar 1.800 millones de euros que ciudadanos españoles habían sacado del país sin declarar y pagar su correspondiente tributación. Millones de euros en impuestos evaporados que han podido ser recuperados.
Desde ese momento, la figura del whistleblower (el alertador de delitos, en inglés) se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las grandes entidades bancarias que las instituciones europeas debaten si blindan con interesantes propuestas como las de la eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda.
Recientemente, este movimiento social de denuncia de la evasión fiscal a nivel global ha obtenido una nueva victoria que, además, ahora sí ha sido avalada por la justicia suiza que, parece, le ha entrado vergüenza y se ha puesto manos a la obra para ayudar a combatir el fraude fiscal en los países de la Unión Europea.
El Tribunal Federal helvético ha autorizado a su departamento de Justicia a ayudar a Francia en el caso del robo de los datos de 600 evasores fiscales de la filial gala del UBS. Una sentencia pionera que prácticamente dinamita el secreto bancario suizo cuando se vulneran las leyes y que apuntala la figura de los whistleblowers. Una decisión a celebrar puesto que dificultará más el movimiento de capital opaco porque cualquier empleado comprometido -como en el caso del UBS- podrá denunciar estos comportamientos sin ser encarcelado.
Ante este debilitamiento del oscurantismo bancario suizo, las peticiones de ayuda de países europeos a la Confederación Helvética se dispararon hasta las 66.553 el pasado año. También evidencia la magnitud del problema al que se enfrentan los estados. La mayor parte de estas reclamaciones judiciales contra presuntos evasores llegaron desde España, Francia, Holanda, Polonia o Suecia. Ni EE UU ni Reino Unido están entre los primeros de esta lista, aunque sus defraudadores han preferido siempre paraísos propios o insulares.
Estas buenas noticias para los contribuyentes que sí que pagan sus impuestos deben hacer reflexionar a ciudadanos y políticos de la importancia de proteger la figura del whistleblower. Se debe legislar a nivel europeo en ese sentido. Y España es pionera en esta materia. La Fiscalía, la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria protegieron a Hervé Falciani de la Justicia suiza. Y eso ha ayudado a cambiar el mundo. Hay que felicitarlos.
