Me es imposible no abordar el maltrato que el Gobierno parece haber infligido, más que a la C. Valenciana a las regiones mediterráneas, con los presupuestos de 2017. En el caso valenciano, además, llueve sobre mojado porque a tal castigo cabría sumar el de la financiación autonómica, que también nos penaliza sin rubor.
Los números del Estado tienen siempre una interpretación poliédrica, según quien los mire. Pero me quedo con dos posicionamientos ilustrativos: todos los partidos de las Corts (incluido el PP) los han rechazado y el último exministro del difunto «poder valenciano», José Manuel García Margallo, ha reconocido también su «disgusto» por unas cuentas que no son «justas».
Andalucía y Valencia -segunda y primera regiones citrícolas- lideran el descenso de la inversión estatal. Murcia -la tercera- sigue por debajo de la media pero ha mejorado su dotación tras el gran recorte sufrido en 2016. El nexo de estas tres y de la cuarta -Cataluña- es el corredor mediterráneo, ésa infraestructura que por muchas declaraciones forzadas que trate de arrancarle Albert Rivera a Mariano Rajoy, sigue sin parecer en estos presupuestos lo «prioritaria» que la UE exigió que fuera.
No me salgo del guión cuando me ocupo de este «agrio» asunto. Porque nuestro sector necesita como el respirar que esta infraestructura sea ya una realidad con la que ganar competitividad en Europa. Requerimos tanto mejorar la conexión ferroviaria con la UE como aliviar nuestra dependencia de ella. Me explico. Exportamos un 93 % de cítricos al mercado comunitario y diversificar riesgos o mejorar precios pasa por aumentar los envíos a países terceros. Es entonces cuando nos tropezamos con otro revés también consagrado en estos presupuestos: la discriminación frente a Barcelona de los puertos de Castelló y València, claves en las ventas de cítricos a ultramar.
Tampoco me sirve de consuelo que la ministra, Isabel García Tejerina, prometa «eficacia» para suplir el nuevo recorte en Agricultura. No es que este sector dependa de la subvención o de la ayuda -más bien al contrario- pero sí requerimos del necesario servicio que la Administración debe prestar. Porque difícilmente podremos actuar contra devastadoras enfermedades como el HLB o la Xylella sólo con «eficacia», con los recursos justos del ministerio e ínfimos de las autonomías citrícolas o peor -de las no citrícolas-, que son las que tienen las competencias en esta materia. Son o deberían ser cuestiones de Estado y el desamparo sufrido en Baleares en la lucha con la referida Xylella o en Galicia con el vector del citrus greening no parece demostrar que se esté abordando el problema así. Necesitamos un IVIA que siga siendo el centro de referencia citrícola nacional y me preocupan sus síntomas de precarización. Tampoco es que podamos sacar pecho en cuanto a los medios de la inspección portuaria a nuestras exportaciones... Hay margen para la enmienda.
