Sabían que un 11 % de los accidentes en las viviendas se producen por el mal estado de las instalaciones eléctricas? ¿Que un incorrecto mantenimiento de los aires acondicionados provoca asma, alergias, legionella, conjuntivitis o faringitis? ¿O que reparar el coche en un taller ilegal aumenta la probabilidad de sufrir accidentes de tráfico y causar lesiones irreparables?
Estos son solo algunos de los riesgos asociados al intrusismo profesional. Una mala práctica que sale cara por tres razones de peso. Primero, porque pasa factura a las empresas que legalmente desarrollan su actividad por el daño económico y competencia desleal que supone. Segundo, por la falta de efectividad de la Administración ante actuaciones irregulares. Pero, sobre todo, por los daños incalculables que provoca sobre la salud llegando, incluso, a costar vidas.
Es más que evidente que nos enfrentamos a un problema cultural, muy complicado de atajar, porque somos el país de la picaresca. De otra manera no se entendería que con una tasa superior al 20% de paro durante años nos sigamos sosteniendo sin graves desórdenes sociales. Y lo lamentable es que, lejos de disminuir, proliferan cada vez más «falsos profesionales» que actúan impunemente, desbancando los precios de mercado y estafando a los usuarios. Intrusos, o si me permiten, piratas que actúan de forma clandestina sin darse de alta, sin seguro de responsabilidad civil, sin medir las consecuencias de sus chapuzas, sin cualificación profesional establecida por la Administración pública y que, además, no pagan impuestos.
De este impulso codicioso de facturar en negro no hay sector que se escape. En el metal afecta especialmente a los sectores vinculados con las instalaciones (eléctricos, fontanería, climatización, talleres, ascensores, protección contra incendios, instalaciones de gas) y pone en peligro la continuidad de miles de profesionales y empresas que operan de forma autorizada en nuestra Comunitat.
Por eso, desde Femeval, junto a nuestras principales asociaciones afectadas Aselec, Aseif, Acvirme, Ascencoval, Aviclima y Fevauto hemos consensuado un documento de medidas contra el intrusismo y la competencia desleal para que todos los operadores del mercado actuemos bajo las mismas reglas.
En él solicitamos potenciar la labor de inspección, seguimiento, vigilancia y sanción del mercado; y buscar fórmulas de colaboración público-privada y mecanismos específicos en sectores en los que va en juego la vida, dado que la propia Administración no tiene especiales medios y va al ritmo que puede. Pedimos también protocolos para la presentación, análisis y seguimiento de denuncias sobre competencia desleal, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, así como que se reconozcan públicamente las buenas prácticas, que nos desenfoquen del punto de mira de las inspecciones a las empresas que sí cumplimos la normativa y una mayor beligerancia sobre las que se la saltan.
Y, por supuesto, apelamos a la responsabilidad de los proveedores para que no suministren material a personas no habilitadas. Pero sobre todo a la del consumidor porque por intentar ahorrarse el IVA, se expone a estafas, prestaciones defectuosas y a la imposibilidad de reclamar. La única vía para evitar sorpresas y disgustos es la contratación de profesionales autorizados porque sólo ellos pueden garantizar un trabajo bien hecho, seguridad y tranquilidad.
Está claro que el problema no es la ausencia de normativas, sino su incumplimiento. Y la solución pasa porque empresarios, usuarios finales y, sobre todo, la Administración, combatamos de forma coordinada este fenómeno social tan arraigado que se está alimentando de la economía «oficial».
