Alabado sea el Señor. Nueve años después de hacer el gasto, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se ha avenido a abonar la deuda de 625.000 euros que tenía contraída con Feria Valencia por haber utilizado las instalaciones de Benimàmet para celebrar el congreso nacional de esta formación política que salvó el liderazgo de Mariano Rajoy en 2008. Ahora bien, se ha resistido como gato panza arriba.
El acuerdo suscrito con los responsables de Feria Valencia se ha producido después de que un juzgado le condenara en junio a pagar los 568.000 euros que no abonó en su momento más los respectivos intereses. Resulta increíble que un partido político que, según los tribunales, llegaba a las elecciones más dopado que Lance Amstrong al Tour de Francia, haya sido tan cicatero. Claro que hay que poner las cosas en su contexto. Desde que lograron por primera vez en 1995 el acceso a la Generalitat -y durante las dos décadas posteriores- los populares se comportaron en la administración como si los ciudadanos, en lugar de votos para gobernar el bien común, les hubieran dado las llaves de un cortijo (léase la Comunitat Valenciana) donde hacer las cosas a su (mal) gusto y en medio de una pleitesía general. Los casos de corrupción que tienen saturados los juzgados son la prueba más evidente de un tiempo ominoso, del que no es ajena la masa de ciudadanos que lo refrendó en las urnas cada cuatro años o cuando fuera necesario.
La sociedad civil valenciana, ciertamente, fue la mayor parte de las veces un sujeto silente (o silenciado) de todo aquel oropel. Y, sin embargo, tener decencia pública era posible. Bastaba un poco de coraje. El que le faltó a Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia entre 1999 y 2013. El exdirigente, que disfrutó de tres lustros de vino y rosas al frente de la institución, ha eludido cualquier responsabilidad al archivar la fiscalía la investigación relacionada con los sobrecostes en las obras de ampliación. Durante cinco años, tuvo infinitas oportunidades de defender los intereses de la Feria y exigir al PP el pago de su deuda. No consta que lo hiciera. Llegó a la institución por sus vínculos familiares con José María Aznar y Rita Barberá y se amoldó a todo.
No era una actitud solitaria. En aquellos años de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, las instituciones empresariales eran correas de trasmisión del poder político popular. Si alguien osaba salirse del guión, ¡zasca!
Es cierto que, en 2014, la Generalitat de Alberto Fabra no era ya la máquina de presión de sus antecesores, pero fue ese año, a los pocos meses de suceder a Catalá como presidente, cuando José Vicente González impulsó la reclamación de la deuda a los populares. Tres años han ido resistiéndose los diferentes dirigentes del PP hasta que se han inclinado. Lo sabían mejor que nadie como impulsores de una ampliación ferial que al final ha costado a la administración 1.027 millones de euros, que es la deuda final que asume la Generalitat: el dinero que no pagaban a la Feria se lo estaban quitando a los ciudadanos de esta autonomía. Aunque, claro, a lo mejor es que llevaban demasiado tiempo confundiendo a su partido y a ellos mismos con el Estado. Vamos, como sucede en China o Corea del Norte.
