Tras el pico turístico veraniego las administraciones, partidos y sector privado han centrado el debate sobre la cuestión turística entorno a la tasa turística y, más en concreto, si es positiva por su capacidad recaudatoria (entre 40 y 50 millones según la Consellería de Hacienda) o negativa al desincentivar la llegada de turistas; si ha de ser autonómica o municipal; o si puede aprobarse sin el beneplácito del sector, como parece preocupar a la Agencia Valenciana de Turismo.
No le falta razón a la patronal hotelera cuando habla de la competencia desleal que los apartamentos turísticos que no cumplen la normativa ni tributan le hace al sector reglado. Pero, más allá de la indudable necesidad de controlar y solucionar este problema, una irregularidad y fraude no parece ser argumento convincente para negar una medida a priori justa y adecuada como la tasa turística que, a la postre, se aplica en todas los destinos donde el turismo es un sector económico importante. Máxime cuando los motivos por los que elegimos un destino y no otro no es solo la calidad de sus servicios turísticos, si no que tiene más que ver con razones como su clima, su historia o el carácter y apertura al visitante de sus gentes.
Parece justo, pues, que las plusvalías del sector reviertan en esos ciudadanos que contribuyen a alcanzar el éxito turístico y hacer de València un lugar que merece la pena visitar pero, más allá de aprobar la tasa (que a mi entender debería ser proporcional; para todo tipo de alojamientos y cuya recaudación sirva para compensar los efectos negativos del turismo), dificilmente se puede responder a una cuestión tan importante como la turística únicamente con esta medida.
Las otras luchas contra la saturación
Y es que ante el malestar que asociaciones de vecinos (Russafa Descansa o Entrebarris) expresan por masificación turística y aumento del precio de la vivienda, pocos debates se han abierto sobre otras medidas que puedan paliar la situación de zonas ya saturadas con que cualquiera estará de acuerdo que son barrios como Ciutat Vella o Russafa. Establecer una moratoria donde no se concedan más licencias de apartamento ni hotel (Barcelona); limitar el número de días que una vivienda puede alquilarse al año; crear una "oficina de atención" municipal que agilice las quejas ante alojamientos que ocasionen molestias (apartamentos u hoteles, que también los hay); o luchar contra los apartamentos turísticos que incumplen la normativa (cuestión muy compleja) son, entre otras, medidas que ya se están aplicando con mayor o menor éxito en otros lugares con una dinámica turística similar y de las que se puede aprender.
O, por ejemplo, una medida con bajo coste económico pero importante impacto social son los convenios con plataformas digitales como AirBnb o HomeAway donde la plataforma se comprometa colaborar en la retirada de pisos que no funcionen legalmente (Barcelona); con la Agencia Tributaria en la supervisión del pago de impuestos por los oferentes (como recomienda el Ministerio de Hacienda) o, en relación a la ya comentada tasa turística, que la plataforma la cobre a cualquier huésped -sea de apartamento o habitación- y la ingrese en el erario público (París).
Visto que las previsiones de todos los organismos públicos y privados son que en los próximos años el turismo va a seguir aumentando tanto en número como en gasto por visitante, parece conveniente no esperar a que «València sea Barcelona» e intentar ir estudiando y adoptando medidas que puedan mantener el equilibrio entre visitantes y vecinos. Los conflictos y conversaciones entorno al turismo pueden convertirse, así, en una excusa perfecta para debatir sobre qué modelo de ciudad/comunitat queremos construir para las próximas décadas.
Letrado de Pedrós Abogados y autor de «Economía colaborativa, alojamiento y transporte»
