Está en el punto de mira y van a por él, casi con tanto ahinco como el que se aplica a sí mismo para liquidar las llamadas malas hierbas del campo. Es el glifosato, un herbicida bien común entre los agricultores y completamente ignoto para la gran mayoría de los consumidores, pese a que el uso de este producto puede tener consecuencias para su salud y para el medio ambiente, según las organizaciones ecologistas. El pasado martes, la Unión Europea, que debía pronunciarse sobre la renovación de la autorización del glifosato para un periodo de cinco a siete años, pospuso el voto a «una nueva reunión», después de que los Estados miembros concluyeran el encuentro sin acuerdo. El Ejecutivo comunitario rebajó el citado martes su propuesta de renovar la autorización del herbicida, el más utilizado del mundo, de 10 a entre 5 y 7 años, en respuesta a una evaluación hecha por el Parlamento Europeo y «a la luz de todas las evidencias disponibles tanto en Europa como a nivel internacional».
Unas «evidencias» sobre las que, sin embargo, no hay coincidencia plena, a tenor de lo que afirman las asociaciones agrarias valencianas.
La organización ecologista Greenpeace es concluyente sobre el glifosato, un herbicida de amplio espectro que fue comercializado por primera vez por la multinacional norteamericana Monsanto con el nombre de Roundup en la década de los setenta. Desde que caducó su patente en el año 2000, es producido por muchas compañías. Se trata de la sustancia activa de más de 750 productos diferentes que se utilizan en agricultura, silvicultura, jardinería y aplicaciones domésticas. En España, en 2015, estaban autorizados 125 productos distintos. Greenpeace cita un informe de la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS que clasifica el glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos». La organización también destaca los efectos para el medio ambiente, como la contaminación de los suelos y el agua.
La visión desde el sector agrario es completamente distinta. Así, el secretario general de AVA-Asaja, Juansa Torres, se muestra contundente al afirmar que estamos ante un «movimiento emocional» fruto de una presión muy fuerte de ciertas organizaciones ecologistas, que ofrecen «informaciones no verídicas sobre el glifosato, que consideran un símbolo porque es el más usado». «Han dicho que afectaba a las colmenas, que contaminaba los acuíferos y que era cancerígeno, pero nosotros debemos fiarnos de la ciencia y lo que nos dice la ciencia, es decir, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y también la Agencia Química Europea, es que no es peligroso para la salud, sino completamente seguro», afirma Torres, quien recuerda que la UE es la zona más segura del mundo en esta materia y que productos como el glifosato son analizados en profundidad cada quince años para ver cuáles son sus efectos. Para la Unió de Llauradors, el glifosato es de aplicación «segura; siguiendo las recomendaciones de la etiqueta del producto, tal y como hacemos los profesionales (utilización de máscaras, gafas, guantes, mono y botas), no habría de provocar problemas de seguridad».
Sin embargo, para AVA, el debate sobre el glifosato es solo la punta del iceberg de una dinámica de mayor calado: «La fiebre prohibicionista influida por el aumento de un ecologismo radical, sobre todo en Alemania». Una delegación de esta organización visitó Bruselas poco después de que el Parlamento Europeo rechazara la propuesta de la Comisión Europea para establecer los criterios de definición de los llamados disruptores endocrinos. Se trata, según la entidad, de un nuevo criterio de toxicidad, pues esos disruptores pueden alterar el correcto funcionamiento del sistema hormonal. De aplicarse finalmente la opción «más contundente, que únicamente consideraría la peligrosidad del producto y no tendría en cuenta su uso real en la agricultura, podría llegar a acometerse la supresión de aproximadamente 40 materias activas empleadas en la elaboración de productos fitosanitarios».
En relación con esto, AVA alertó de que, desde la aplicación de la nueva normativa fitosanitaria europea en 2009, el número de sustancias activas autorizadas se ha reducido más de un 70 %, pasando de cerca de un millar a menos de 300. Este nuevo recorte supondría eliminar un 15 % «de las escasas materias cuyo uso se permite hoy en día».
Así que tanta prohibición puede comportar un serio problema para el campo. Hablando exclusivamente del glifosato, Torres no duda en afirmar que las consecuencias serían «gravísimas» si se prohibiera este producto. En su opinión, los agricultores tendrían que utilizar en ese caso «mezclas de herbicidas que son más caros y usarlos más veces para que tengan la misma efectividad. Por tanto, un coste mayor y una menor rentabilidad para el productor; además, no se evitaría un eventual impacto medioambiental porque se contaminaría más al usar más productos».
Para la Unió de Llauradors la clave se encuentra en iniciar investigaciones «serias para encontrar productos alternativos o sistemas no químicos, a unos precios y con una eficacia parecidos [al glifosato] para que el sector agrario valenciano estuviera preparado en el caso de que a medio plazo la UE retire la autorización» a este producto. Se trata de una hipótesis que la organización liderada por Ramón Mampel considera muy plausible «en unos años». Ante esa eventualidad, cree que «también se debería prohibir la entrada en la UE de cualquier producción agrícola que haya estado producida con «el uso de esta materia activa, porque no puede ser que nos la prohiban a nosotros y que entre a través de un país tercero».
