No es la primera vez que me refiero desde esta tribuna al proyecto de ley de la huerta de València y me temo que no será la última, ya que el asunto está dando mucho que hablar entre los agricultores y no precisamente para bien. El texto se encuentra ya en Les Corts y los trámites para su aprobación definitiva avanzan a buen ritmo mientras los políticos responsables del dislate continúan haciendo oídos sordos a las demandas del sector y sin concretar dotación presupuestaria alguna. Resulta evidente que sin consignación de fondos, sin medidas claras de apoyo a la actividad agraria, esta iniciativa para proteger la huerta se convertirá en papel mojado.
Muchas de la insuficiencias que detecta el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana en su dictamen coinciden con las que hemos identificado nosotros, lo cual nos reafirma en que la fuerza de la razón está de nuestro lado. Lo que estamos planteando es de pura lógica y se resume en algo tan sencillo como que no es posible proteger el territorio si antes no se protege a quienes lo mantienen: los agricultores. Por ello, no deja de sorprendernos el doble lenguaje y la calculada ambigüedad que exhiben ciertas organizaciones agrarias en este asunto. Sea como fuere, para entender de forma cabal el malestar que los planes del Consell entre buena parte de los afectados convendría recordar que la autoría del proyecto corresponde a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas y que, sorprendentemente, el departamento agrario de la Generalitat se ha mantenido a margen. Y eso constituye una incoherencia que reporta nefastas consecuencias. Lo que necesitan los agricultores, antes que nada, es un plan agrario dotado de financiación y contenido que contribuya a proporcionar rentabilidad.
Hablando de dinero, ¿saben que el Ayuntamiento de València destina 59.400 euros para el mantenimiento anual de cada hectárea de jardín urbano?, ¿se imaginan lo espléndida que luciría la huerta si se le dedicasen fondos en similar proporción? Acabaríamos con el problema del abandono de tierras y los agricultores hasta podrían regalar sus cosechas.
Por el contrario, la receta que propone la Generalitat se limita a establecer restricciones a la actividad agraria, pasando por alto la libertad de decisión y olvidando de paso que los agricultores somos empresarios que aspiramos a tener la misma libertad que disfrutan las empresas de otra rama. Así, que no estamos dispuestos a ser meros sirvientes de una filosofía urbanita mal entendida y peor concebida. Somos, por razones obvias, los primeros interesados en contar con una ley de la huerta, pero este proyecto está muy verde, peca de desconocimiento y adolece de inmadurez por los cuatro costados. Si hay voluntad de diálogo aún estamos a tiempo de frenar este atropello y es ahora cuando corresponde a nuestros gobernantes pronunciarse al respecto.
