He tenido un serio debate conmigo misma sobre si escribir o no esta historia. A ciertas personas es mejor otorgarles el tratamiento de la indiferencia, sobre todo si, además, ellas mueren por ocupar la primera página de la actualidad informativa un día sí y un día también. Pero no me he podido resistir.
Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, recién nombrado portavoz de VerdsEquo, es el causante. La relativa afinidad que podía tener con él hasta ahora (como él, adoro a mi bicicleta) ya es historia. No lleva ni una semana como vocero de los ecologistas y ya lidera la clasificación de los políticos bocazas.
«El capital especulativo depredador del territorio y de los recursos no tiene cabida en el nuevo modelo de desarrollo sostenible del Botànic», dijo Grezzi el miércoles en Twitter. Calificaba así al proyecto de centro comercial de Paterna Puerto Mediterráneo. Se ve que Grezzi ha descubierto que las propiedades inmobiliarias son carnívoras.
Bromas aparte, las palabras de Grezzi destilan una frivolidad y una ignorancia fuera de lo común y, por qué no decirlo, son impropias de una autoridad pública y de un político de su rango, ideologías al margen.
Grezzi, el cansino azote del capitalismo, ha logrado que yo presida ahora el club de fans de Puerto Mediterráneo. El complejo promovido por la inmobiliaria británica Intu fue tumbado en 2016 por una memoria ambiental negativa, ya que ocupaba parte de una zona de protección de la carretera CV 35.
Nunca hubo duda de que la zona de protección era la excusa de los ecologistas (que controlaban la secretaría Autonómica de Medio Ambiente a través del recién destituido Julià Álvaro) para frenar una iniciativa que entendían que perjudicaba al comercio local y ponía en riesgo el paraje de La Muela.
La Generalitat de Ximo Puig hizo suya la negativa e instó a los promotores a empezar de cero el proyecto, que iba a suponer una inversión de más de 700 millones de euros. La inmobiliaria recurrió por vía administrativa y acudió también a los tribunales.
El conflicto ha estado encallado desde entonces y ni siquiera la presión diplomática británica ha conseguido desbloquearlo, por mucho que ahora Puig y la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra digan que si cumple la legalidad, saldrá adelante. Tampoco ha servido de nada la presión de la presidenta del PP, Isabel Bonig, quien por cierto pudo hacer más para su materialización cuando su partido gobernaba y ella era consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Cabe esperar que Puig y Oltra convenzan a Grezzi y los suyos y que se apruebe Puerto Mediterráneo, sobre todo si la promotora reforma el plan para superar las trabas ambientales. Los proyectos empresariales serios que se desarrollan, además, en suelo privado, crean empleo e inversión, no pueden estar al capricho de los ecologistas. Y se lo dice alguien como yo, que ama a la naturaleza tanto como a su bici.
