Vivimos en un mundo donde la revolución digital no conoce fronteras. Hemos pasado de navegar sólo desde un ordenador de sobremesa a estar conectados desde multitud de dispositivos. Si comparamos la revolución que supuso que Gutemberg inventara la imprenta con el desarrollo de Mark Zuckerberg de la red social Facebook, podemos decir que ambos consiguieron influir sobre miles de personas en todo el mundo. El primero tardó más de dos siglos en conseguirlo mientras que el segundo apenas ha necesitado cinco años. Esta reflexión nos hace ver que la revolución digital es un hecho cotidiano y constante. Cada vez más se escucha el término Internet de las Cosas (IoT), que traducido a un lenguaje mundano, es poner sensores a cualquier objeto cotidiano y transferir sus datos a un ordenador. Esto nos ayudará a tener las ciudades inteligentes, Smarts Cities.
E igual que para dar un buen servicio a este tipo de ciudades se precisa de datos para poder lograr una gestión adecuada, empresas y ciudadanos nos enfrentamos a la parte no tan buena que es hacer frente a dos grandes retos que son el blindaje de los sistemas de gestión de los servicios e infraestructuras para permanecer libres de ataques y la seguridad del dato y la privacidad del que lo emite.
El mundo digital está ahí y cada vez más cualquier dispositivo móvil puede ofrecer en estos momentos grandes lagunas de seguridad que amplificará la progresiva implantación del IoT. Y ante esto, las empresas también quedan ciertamente desprotegidas, ataques por medio de modificación de homes ajenas, phising bancario o de e-mails o la extorsión directa de la ciberdelincuencia.
Pero qué pueden hacer las empresas, con qué derechos cuentan éstas o qué herramientas de defensa se pueden forjar ante este mundo digital en el que los datos son la moneda de cambio. Primero es necesario tomar en consideración que la dificultad de investigación de los delitos tecnológicos presenta límites procesales y legales que dificultan su persecución. A nivel internacional se detecta la falta de armonización entre las legislaciones de los diferentes países, lo que dificulta las investigaciones cuando los delitos se centran en otros países de vacío legal en este terreno como Rusia o algunos países asiáticos. No es fácil decidir dónde se comete un delito en Internet y por tanto hay una dificultad añadida para atribuir competencias a los tribunales.
Por tanto, en este sentido es necesaria la armonización legislativa en este terreno y sobre todo la creación de organismos internacionales que regulen y velen por los derechos internacionales en el mundo digital. Por otra parte, las empresas necesitan abogados expertos en derecho digital ya que los derechos de cuarta generación son relativamente recientes y los profesionales de las leyes no deben permanecer alejados de los cambios propiciados en este tiempo.
Sin embargo, las empresas pueden y deben cubrirse las espaldas ante estos ataques a su privacidad. Lo primero con las últimas y más avanzadas tecnologías en cuanto a seguridad se refiere, aunque en algunas ocasiones estos ataques se producen por errores humanos. En este sentido es importante mantener informados y formados a todos los miembros de la compañía en cuanto a medidas de seguridad para evitar estos ataques o secuestro de datos.
Además de las necesarias medidas legales que todas las compañías deben cumplir por ley, las empresas deben cubrir todos estos datos y su reputación con un buen seguro de responsabilidad para terceros. Ya que un error de estas dimensiones puede catapultar la reputación de una compañía. Y, sobre todo, palabra de abogado, una recomendación, tanto para empresas como para ciudadanos es la de leer la letra pequeña de lo que firmamos, porque muchas de estas organizaciones juegan con la premura de lo que ofrecen para lograr su cometido. Además de tener claro que la innovación siempre debe ir de la mano de los derechos y nunca en detrimento de estos. De este modo, estaremos haciendo valer y defendiendo nuestro espacio como gota dentro del Océano digital.
