Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Prevenir la plutocracia

Las cifras de negocio de las diez principales corporaciones mundiales superan el producto interior bruto de ciento ochenta naciones, entre otras Irlanda, Israel, Colombia, Indonesia, Grecia o Sudáfrica. Estos reveladores datos provienen de un centro de investigación británico, que ha tenido el acierto de combinar en una misma lista el valor económico de los poderes públicos y privados internacionales. El volumen de la cadena de almacenes norteamericana Walmart, por ejemplo, supera el PIB español, además de colarse entre las potencias más prósperas del planeta. Determinadas multinacionales de nuestro país cuentan también con recursos superiores a muchos Estados donde actúan, especialmente en Sudamérica. Según otra conocida consultora, la tasación de las cien mayores cotizadas es ya próxima en billones de dólares a las arcas estadounidenses.

De estos números se deduce que el crecimiento empresarial experimentado en los últimos tiempos a gran escala es verdaderamente vertiginoso, pero también que su capacidad para influir sobre las autoridades no parece algo descartable dadas tan fabulosas magnitudes financieras.

En realidad, cosas parecidas han sucedido en el pasado. Las compañías de las Indias Orientales europeas gozaban incluso de facultades para acuñar moneda, declarar la guerra o negociar tratados por si solas, como si fueran reinos. Durante el siglo veinte, la multinacional United Fruit Company puso patas arriba el nuevo continente, colocando, manipulando o quitando gobiernos a su antojo.

Esta acusada inclinación de los operadores económicos a superponerse sobre los países se ha venido remediando, con desigual éxito, por medio del reforzamiento de las estructuras de los Estados. En la actualidad, son los jueces los que están en Iberoamérica atajando los tejemanejes de las grandes transnacionales, poniendo entre rejas a dirigentes corporativos y líderes políticos. En el ámbito multilateral, igualmente se trabaja en fórmulas de observación de estos grandes imperios comerciales, para evitar que solapen a los titulares de las soberanías.

Sin embargo, para lo que sigue sin encontrarse eficaz solución es en el delicado asunto del control de la influencia de estas sobresalientes fuerzas mercantiles en las administraciones cuando esa injerencia no es delictiva, sino habitual y permitida por el derecho. No me refiero aquí a la presión que puedan ejercer, en formato de lobby o sin él, sino cuando ni tan siquiera lo intentan pero aun así lo consiguen como consecuencia de la fragilidad de los sujetos públicos y de sus agentes.

Expediente

Piénsese en el negociado de una pequeña o mediana administración a la que llega un expediente concerniente a una sociedad con altas potencialidades y del que pueden desprenderse desenlaces no necesariamente favorables. De no contarse detrás de esa mesa con alguien capaz de discernir con objetividad, trayéndole sin cuidado los efectos beneficiosos o perjudiciales de su decisión, el fracaso del sistema no tardará en aflorar, arrinconando a los mecanismos legales organizados en torno al interés general.

Las reglas de la competencia en el mercado han venido desde siempre acompañadas de un sólido marco institucional colmado de obligaciones y límites al que se someten sus protagonistas. Es más: son precisamente las propias entidades privadas las que reclaman esa poderosa intervención administrativa para garantizar el correcto funcionamiento mercantil. En las naciones más avanzadas, las privatizaciones de las utilities han triunfado fruto de una ordenación dirigida a promover la concurrencia y asegurar los servicios a los ciudadanos.

Lo que procedería ahora es ampliar al resto de administraciones públicas esas notables posibilidades de supervisión de las corporaciones hoy concentradas en las agencias estatales o internacionales especializadas, y mejorar también la calidad técnica de dicha vigilancia, reforzando la independencia y neutralidad de quienes deben ejercerla. De no caminarse por esos derroteros, empresas y Estados perderán una formidable oportunidad para evolucionar, aquellas por dejar de contar con un árbitro imprescindible y estos por caer en la más absoluta irrelevancia, convirtiendo a la democracia en una simple y preocupante plutocracia.

Compartir el artículo

stats