«Ten cuidado, sé dónde vives y a qué colegio van tus hijos....cualquier día te encuentras tu coche quemado...» Son algunas de las amenazas que, amparadas en el supuesto anonimato e impunidad que ofrece Internet, se vierten a diario en redes sociales como Twitter, Facebook o Tuenti.
Los recientes casos de la humorista Eva Hache o del periodista deportivo Juanma Castaño, amenazados de muerte por dos «tuiteros» que fueron detenidos a los pocos días, han sacado a la luz un fenómeno que ha obligado a los especialistas de la Policía y la Guardia Civil a redoblar sus esfuerzos en las redes sociales. Solamente el perfil del Cuerpo Nacional de Policía en Twitter recibe cada día entre 15 y 20 mensajes de denuncia por episodios de amenazas, ciberacoso, injurias o robos de identidad. En poco más de un año de vida, el «Plan Contigo», la iniciativa de la Policía y la Guardia Civil en Tuenti, ha tramitado también cerca de 3.000 denuncias de este tipo, y casi todas las víctimas eran jóvenes o menores adolescentes.
«Si no eres capaz de decirle a otro algo así a la cara, tampoco lo hagas en Internet, porque todo lo que se escribe en la red deja rastro y antes o después nos lleva hasta su autor». Es la advertencia que lanza Enrique Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional (BIT) que destaca que las amenazas son un delito y como tales, puede tener graves consecuencias penales.
Rodríguez recuerda que en muy pocos años se ha pasado de usar las cabinas telefónicas para amenazar a alguien, a enviar un correo electrónico anónimo y hoy, a lanzar insidias o calumnias a través Twitter o Facebook. De hecho, los delitos cometidos en las redes sociales han experimentado un incremento exponencial y se sitúan ya en el tercer puesto de las investigaciones de la BIT, solo por detrás de la pornografía infantil y de las estafas y fraudes a través de Internet.
El inspector jefe aconseja estar siempre alerta, no restar importancia a lo que se escribe en Internet o pensar que las amenazas son una broma y nunca se van a cumplir.
Casi medio centenar de agentes de la BIT persiguen a los autores de estos nuevos delitos tecnológicos, que son identificados en pocas horas «en la mayoría de los casos».
Para atrapar lo antes posible al responsable, la Policía recomienda guardar todas las pruebas del delito y hacer un «pantallazo» de los mensajes insultantes. Si los hechos revisten gravedad suficiente, las víctimas deben formalizar oficialmente la denuncia en comisaría. A partir de ese momento se da cuenta al juzgado, que puede solicitar al proveedor de Internet la dirección IP desde la cual se han escrito los comentarios.
Las empresas tienen obligación de tener guardado hasta un año el origen de las conexiones, algo relevante en este tipo de delitos porque, según explica el inspector jefe Rodríguez, las amenazas llegan normalmente después de mensajes insultantes a los que no se hizo caso.
