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La Generalitat de Cataluña tiene abiertos actualmente más de 70 expedientes contra emisoras de radio piratas, un fenómeno que no deja de aumentar,aseguró ayer el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, en la presentación del Informe sobre la Radio en Cataluña 2008.
A pesar de estos expedientes, el conseller avisó de que la Generalitat no dispone de las herramientas suficientes para combatir el fenómeno, y remarcó la «eficacia limitada» del sistema de expedientes. Tresserras lamentó que el sistema previsto es tan «garantista» que incluso protege a los infractores. «Tendremos que ir hacia una capacidad de actuación más contundente», afirmó, al tiempo que advirtió que «estamos en un momento de efervescencia de este fenómeno».
El conseller manifestó su deseo de luchar con acciones inmediatas y fulminantes, e incluso mencionó la posibilidad de «ocupar preventivamente» la parte del espectro que no usan las emisoras legales. Tresserras se comprometió a solventar el problema dentro de esta legislatura y amenazó con sanciones «proporcionales».
Por su parte, el director del Observatorio de la Radio en Cataluña, Josep María Martí, alertó de que el problema con las emisoras piratas «puede tener un impacto más negativo que la crisis».
La situación catalana tiene muchas concomitancias con la que se da en la Comunitat Valenciana, donde según fuentes del sector hay unas 400 emisoras piratas. El censo oficial rebaja la cifra hasta 318.
Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha abierto 53 expedientes contra estas radios sin licencia, según datos del pasado mes de mayo. Algunas han optado por cesar su actividad, mientras que otras han actuado judicialmente.
Pese a todo, Vicente Rambla, cuando era portavoz del Consell, admitió en las Corts la dificultad para clausurar a radios ilegales, al tiempo que acusó al Ejecutivo central de la proliferación de esta actividad.
La última iniciativa de la Generalitat ha sido la creación de un decreto para establecer un registro de concesionarios de radio y televisión en la Comunitat Valenciana.
La norma, cuyo desarrollo final ha coincidido con los cambios en la portavocía del Consell, prevé la ordenación del sector, de manera que aquella emisora que no figure en el registro tendrá la consideración de ilegal. El proyecto incluye asimismo una relación de sanciones.