Así lo ha asegurado el presidente de Acción Cultural del País Valenciano (ACPV), Eliseo Climent, minutos antes de entregar las firmas, que tienen por objeto impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en este sentido, llamada "Televisión sin fronteras".

Para que se pueda tramitar en el parlamento español una iniciativa ciudadana de estas características es necesario presentar en el registro de la Cámara Baja al menos medio millón de firmas válidas en el conjunto del territorio.

En declaraciones a los periodistas en la Puerta de los Leones del Congreso, Climent ha relatado que la idea surgió a raíz de los problemas que existen y han existido desde hace tiempo para emitir la TV3 en la Comunitat Valenciana.

Para el presidente de ACPV, los problemas que han planteado los diferentes gobiernos suponen una "agresión inconcebible a la comunicación y a la lengua" en el mundo occidental, ante lo que había dos opciones: "resignarse o intentar ganar por elevación".

Por ello, decidieron extender lo que es un hecho puntual al resto de las comunidades lingüísticas, una vez que constataron que todas las televisiones autonómicas tenían el mismo problema para emitir en sus comunidades lingüísticas.

En concreto, la televisión autonómica vasca (ETB) en Navarra, la TVG en el Bierzo, y la catalana, en Baleares y en la Comunitat Valenciana, ha comentado Climent, quien ha recordado que esta iniciativa cuenta con el respaldo de los presidentes de las Reales Academias de la Lengua en las regiones afectadas.

Climent ha explicado que Acció Cultural del País Valenciá decidió impulsar esta iniciativa en base al incumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que firmó el Gobierno de Felipe González en 1992 y posteriormente ratificó por unanimidad el parlamento español, no se está cumpliendo.

Ha recordado que el artículo 12 de esta Carta dice que todas las radios y televisiones públicas de esas lenguas "minorizadas", se deben interconectar, independientemente de que sean administraciones distintas, lo que, en su opinión, no se está haciendo en la actualidad.

Según el documento entregado a la prensa, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Asamblea de rectores de mas de 50 universidades públicas y 27 privadas, el Institut Ramón Llull, los sindicatos CCOO, UGT e intersindicales.

La han secundado también los ex presidentes de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y Pasqual Maragall, entre otras personalidades.