Los miembros del consejo de administración de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) por PSPV, Compromís y EU estaban tan seguros de tener la razón jurídica de su parte que el pasado día 21, en el último pleno, aceptaron que convocarían otro en 48 horas en el momento que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dictaminara sobre la permanencia de Consuelo Catalá (PSPV) al frente del órgano tras la renuncia del anterior presidente, Juan de Dios Navarro (PP). Así que la actual titular (en funciones) del cargo se topó ayer con la sorpresa de tener que convocar un pleno —será el lunes próximo— que será, con toda probabilidad, el último en que ejerza de presidenta.
Los consejeros pensaban que el CJC tardaría unos meses en pronunciarse, pero le han bastado siete días para decir la suya ante una circunstancia que ha dejado al partido más votado en las últimas elecciones (PP) sin la presidencia del órgano de gobierno de RTVV en un momento especialmente delicado: el de las reformas y los recortes.
El CJC, presidido por Vicente Garrido y del que forma parte el exjefe del Consell Francisco Camps —ayer no participó, ya que se le juzga estos días por cohecho impropio—, aprobó ayer un dictamen que supone dar la razón a los consejeros populares de RTVV en su enfrentamiento con la oposición por la presidencia.
Como ahora son cinco contra cinco, el PP intentó en el pleno del día 21 forzar una elección de nuevo presidente en la que el director general de la cadena, José López Jaraba, pudiera votar (era la clave para la mayoría). Ello, a pesar de que falta por nombrar el miembro que reemplace a Navarro.
Tras el conflicto generado, el CJC dictaminó ayer que sí, que el consejo «puede proceder a la elección de nuevo presidente del órgano colegiado, con carácter transitorio, hasta la elección por las Corts» del puesto vacante. La institución jurídica añade que se votará asimismo el cargo de vicepresidente.
Esta disposición presupone que, cuando se cubra el puesto, volvería a realizarse una nueva elección de números uno y dos.
La institución jurídica deja claro también que López Jaraba puede votar en la elección de presidente «al no constituir una cuestión que le afecte personalmente».
El polémico informe, en el cajón
El director general también podrá votar sobre si él mismo debe entregar o no un informe que se le solicite. En este caso, el que se le ha reclamado por múltiples vías es el realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC) —costó 185.000 euros— sobre la reforma estructural de la televisión pública. Para el CJC, Jaraba «conserva el derecho a votar la procedencia o no de aportar un informe o una documentación, al no constar que se trate de una cuestión que le afecte personalmente».
El miembro del consejo de administración por Compromís, Rafa Xambó, expresó ayer su disconformidad rotunda con el contenido del dictamen. «Lo pueden vender como quieran, pero supone fomentar una democracia de muy baja calidad», declaró a Levante-EMV.
El sociólogo anunció que, al margen de lo que suceda el lunes, su grupo presentará un contencioso-administrativo contra lo que calificó de «barrabasada». «Va contra el sentido común que el director pueda votar sobre un informe que se niega a dar», dijo.
