El pleno de Riba-roja de Túria ha aprobado la devolución de un aval de 3,5 millones de euros a la empresa Litoral Este, creada por el Valencia CF en su día para desarrollar el plan urbanístico de Porxinos. De este modo, se pone fin al PAI del «pelotazo» con el que el expresidente Juan Soler pretendía insuflar la economía del club y que, a la larga, ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para la entidad.
Estos 3,5 millones proceden del aval que depositó la mercantil al consistorio para la ejecución de un PAI que iba a albergar la futura ciudad deportiva del Valencia CF, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas. La devolución del depósito supone el último paso administrativo después de que, en junio de 2015, el Tribunal Supremo anulara un PAI en el que concurrían hasta tres ilegalidades: la falta de agua en la zona para suministrar más de 2.000 hogares, la ausencia de un informe de impacto ambiental y la adjudicación irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia.
El «pelotazo» urbanístico, con esa misma palabra lo anunció Juan Soler cuando era presidente del Valencia en 2005, provocó una enorme polémica por las plusvalías económicas de hasta 100 millones de euros que se generaron al recalificar los terrenos y convertirlos en suelo urbanizable.
A raíz de esta polémica y otros problemas medioambientales que suscitaba, la plataforma Salvem Porxinos presentó una denuncia por falta de recursos hídricos en la zona, que inició una investigación judicial para aclarar los interrogantes del proceso administrativo que en su día protagonizaron Juan Soler, el exalcalde de Riba-roja del PP Francisco Tarazona y el exconseller de Territorio Rafael Blasco, que ahora se encuentra en la cárcel cumpliendo una pena de seis años y medio de prisión por desviar fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo. A la postre, después de que el Tribunal Superior de Justicia ya lo paralizara, el Tribunal Supremo anuló el PAI, que ahora da su último coletazo.
160 millones pendientes
Tras todo este proceso, el Ayuntamiento de Riba-roja ha informado de que está a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística. En principio, el club de Mestalla había llegado a un acuerdo con el exalcalde Tarazona para iniciar un nuevo PAI, que debería analizar el equipo de gobierno que ahora dirige la localidad del Camp de Túria, integrado PSPV, Compromís y Esquerra Unida.
De no salir adelante esta nueva acción, el Valencia podría verse obligado a devolver 160 millones de euros a la empresa Nozar, a quien el club vendió parte de los terrenos con la condición de que iban a ser recalificados como suelo urbanizable, pero que tras el fallo del Tribunal Supremo siguen siendo rústicos.
Mientras tanto, desde el equipo de gobierno de Riba-roja se muestran «abiertos a la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la legislación vigente sin olvidar que la última palabra para la tramitación depende de la Generalitat Valenciana».
Una herencia que casi trunca la compra de Lim
Lo que según Juan Soler iba a ser una gran solución para el Valencia CF en 2005, diez años después casi se convierte en uno de los principales impedimentos para que Peter Lim accediera a la compra del club. La situación se desbloqueó cuando Amadeo Salvo negoció una tregua con los propietarios del suelo, que podrían reclamar los 160 millones de euros que pagaron por unos terrenos urbanizables, que al no recalificarse, se han quedado en rústicos tras el fallo del Tribunal Supremo. Ahora el club debe negociar una nueva acción urbanística con el consistorio para evitar dicho pago.
