La Comisión de Investigación de Porxinos, creada hace unos meses por el nuevo gobierno de Riba-roja para buscar responsabilidades por el fallido «pelotazo» urbanístico de la ciudad deportiva del Valencia, dio ayer un paso al frente. En su segunda reunión, sus miembros acordaron viajar al origen de aquel plan ideado en 2004 por el entonces presidente del Valencia, Juan Soler. El objetivo está bien marcado. El grupo, liderado por el alcalde del municipio, Robert Raga, ha solicitado la relación de los titulares de los terrenos que compró el Valencia, previa recalificación del suelo, afectados por el PAI. Se buscan responsables de un supuesto tráfico de influencias que podría comprometer a varias personas, entre ellas, al menos, a algún exmiembro del gobierno municipal, entonces regido por el Partido Popular. Hay más decisiones: la Comisión ha decidido llamar a declarar al propio Soler, así como a los también expresidentes del club Manuel Llorente y Amadeo Salvo.

En 2004, el Valencia creó la empresa Litoral del Este S.L. para acometer la compra de 1.650.000 metros cuadrados donde construir su base logística de entrenamientos, junto a una urbanización de 3.000 viviendas. «Es un pelotazo», reconoció entonces el constructor, sin conocer el desenlace de aquella historia. Once años después, aquel PAI aprobado por el exalcalde está anulado por el Tribunal Supremo. Y el consistorio, ahora gobernado por el PSPV, se ha empeñado en seguir el rastro de aquella operación. Aquel suelo multiplicó su precio y fue vendido a la empresa Nozar. Hay sospechas de que más de uno obtuvo información privilegiada para comprar parte del suelo y hacerse rico con la operación. ¿Quién? Ese es ahora el trabajo de la Comisión, que analizará uno a uno a los antiguos propietarios.

Concretamente, la Comisión pedirá al Registro de la Propiedad las notas simples correspondientes a los Polígonos 29,30,60 y 62 incluidos en el PAI, así como una consulta de las opciones de compra realizadas durante los años 2004-2005, que esclarezcan los movimientos realizados durante la aprobación y tramitación del PAI.

Según el comunicado emitido ayer por la Comisión, la portavoz del PP ha informó a la misma que ya se interpuso una querella en la que se imputaban estos dos delitos a miembros del gobierno anterior, querella que fue archivada por el juez en su momento por no ver indicios de constitución de ningún delito.

La polémica ha perseguido al PAI de Porxinos desde que vio la luz. A una información que relacionaba al exportero del Valencia Santiago Cañizares con la compra de unos terrenos próximos, reconoció que había comprado suelo en una partida cercana. Compró unos 50.000 metros cuadrados, entre 2002 y 2004, en el término municipal de Riba-roja, a un kilómetro de Porxinos. Aseguró, eso sí, que fue antes de conocer la operación urbanística que ideó Juan Soler, negando haber obtenido cualquier tipo de información privilegiada. Cañizares también admitió haber adquirido con un empresa que comparte junto a Raúl, exfutbolista del Madrid, y Ginés Carvajal, el agente futbolístico de ambos, otros 15.801 metros cuadrados en julio de 2004 en el término cercano del pueblo de Loriguilla.

Mientras, la Comisión acordó ayer citar a declarar a los responsables técnicos municipales que intervinieron en la parte económica y jurídica durante el proceso, así como a Soler y a los también expresidentes del Valencia Manuel Llorente y Amadeo Salvo y al que fuera conseller de Medio Ambiente, Rafael Blasco.