El Valencia CF presentó ayer al Ayuntamiento de Riba-roja un nuevo PAI para construir 2.400 viviendas y una nueva ciudad deportiva después de que el anterior PAI fuera rechazado por el Tribunal Supremo el pasado 25 de junio. El club de Mestalla cree haber corregido las deficiencias técnicas por las que fue tumbado el anterior proyecto: la falta de agua en la zona para suministrar a más de 2.000 hogares, la adjudicación irregular a Litoral del Este sin publicidad ni concurrencia y la distancia irregular respecto a un barranco. El Ayuntamiento, gobernado por un tipartito encabezado por el socialista Robert Raga, enviará la propuesta a la Conselleria de Medio Ambiente, encargada de elaborar un nuevo informe ambiental, antes de regresar al consistorio a la espera de su evaluación definitiva.
El Valencia cumple así con lo pactado con los tres bancos dueños de las tierras (Ibercaja, La Caixa y BBVA) y otros pequeños propietarios a fin de dar salida a un problema muy complejo. Todo comenzó con el «pelotazo» que anunció en 2005 el expresidente del Valencia Juan Soler. El dirigente compró unos terrenos rústicos en Riba-roja que iba a convertir en residenciales después de un PAI aprobado, meses después, tanto por el entonces alcalde de la localidad, Francisco Tarazona, del PP, como por el conseller de territorio, Rafael Blasco, actualmente en prisión cumpliendo una pena de seis años y medio por desviar fondos públicos de la ayuda al desarrollo.
Soler prometió una plusvalía para el club de 100 millones. Estaba prevista la construcción de una ciudad deportiva para el Valencia, un campo de golf y 2.440 viviendas.Pero Salvem Porxinos presentó una denuncia por falta de recursos hídricos en la zona y se inició una investigación judicial para aclarar los interrogantes sobre el proceso administrativo llevado a cabo por Soler, Tarazona y Blasco.
Entre medias, el Valencia vendió el suelo recalificado por unos 160 millones a Nozar, una empresa que se encuentra en suspensión de pagos. Los terrenos pertenecen ahora a los tres bancos y a pequeños propietarios, que reclaman la devolucion del dinero al Valencia. El club, a su vez, tiene previsto exigir una cantidad similar tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat por las pérdidas generadas si se anula definitivamente el proyecto. «Son cantidades razonables», según el club, acordadas por el expresidente Amadeo Salvo con los propietarios a fin de facilitar la entrada de Peter Lim en la sociedad de Mestalla en verano de 2014. Fue el principal escollo que encontró el millonario asiático para decidirse a comprar el Valencia CF. De hecho, hubo un momento en que Lim bloqueó la oferta de compra de la entidad valencianista ante la amenaza de una indemnización millonaria en el caso de Porxinos.
Reclamaciones de unos a otros
El club de Mestalla da una patada a seguir con la presentación de este nuevo PAI. En caso de que bien la Conselleria o el Ayuntamiento lo rechazaran, comenzarían las reclamaciones judiciales: los bancos y los pequeños propietarios al Valencia y este a las instituciones públicas.
Ahora bien, se trata tan solo de un primer borrador por parte del club de Mestalla, que no espera una resolución antes de un año.
Paralelamente, el Valencia CF retiró el pasado 1 de marzo del Ayuntamiento de Paterna un PAI previsto para su ciudad deportiva. La sociedad de Mestalla, pese al nuevo PAI de Porxinos, prevé seguir mucho tiempo en los campos de entrenamiento de Paterna.
