La defensa del expresidente del Valencia Juan Soler en el caso del supuesto intento de secuestro a su predecesor en el cargo, Vicente Soriano, pedirá la libre absolución al considerar que los «hechos delictivos» no están probados. Una postura firma que choca con la petición de Vicente Soriano, que solicita 8 años de cárcel y 6000.000 euros por daño moral, frente a los 9 meses que pide la Fiscalía en el caso reabierto por la Audiencia de Valencia. Hay que recordar que el juzgado de Instrucción número 12, que investiga el asunto, decidió archivar el caso el pasado mes de julio. Sin embargo. El letrado de Soriano recurrió el sobreseimiento. Y ahora todas las partes vuelven a posicionarse.

La petición de 8 años por parte del abogado de Soriano está considerada de «exorbitada» por la parte de Juan Soler, en un delicado estado de salud, y defendido por el abogado Andrés Zapata. El primero considera que el constructor es el teórico del plan organizado para raptarle con el fin de cobrar la deuda (85 millones de euros) que quedó pendiente en el traspaso accionarial del Valencia que ambos firmaron en 2009, dentro de la operación en la que estaba involucrada la empresa Inversiones Dalport, grupo que finalmente no llegó a adquirir el Valencia.

Soriano «pagó» 85 millones de euros con unos pagarés que nunca se convirtieron en dinero. El incumplimiento de aquella operación desembocó en la ruina empresarial del constructor valenciano, ideólogo de la construcción del nuevo Mestalla y con quien el Valencia sumó su último título, la Copa del Rey de 2008. En 2013, el Tribunal Supremo dio la razón a confirmó que Soriano y Dalport tenían que pagarle 39 millones de euros por incumplimiento del contrato de la venta de acciones. Antes, el alto tribunal había condenado también a Soriano y a la empresa a pagar 20 millones de euros a Juan Soler por impago del primero de los cuatro pagarés. El empresario valenciano se declaró insolvente y no devolvió ni un euro de lo acordado. Mientras, el dueño de Dalport, Víctor Vicente Bravo, falleció en 2012 de un accidente de tráfico en Argentina.

Una vez reabierto el caso, ahora en fase de procedimiento abreviado, Soler vuelve a estar cerca del banquillo. El caso se originó en abril de 2014, cuando la policía detuvo a Soler y a otra persona por el intento de secuestro a Soriano. Los agentes contaron con la colaboración de Rachid, un testigo protegido aportó una prueba considerada, entonces, fundamental: una grabación que involucraba directamente al constructor. Sin embargo, el confidente pasó a ser imputado a lo largo del procedimiento por sus continuas contradicciones hasta que se negó a ratificar los hechos y las grabaciones, única prueba que había en el proceso, lo que obligó al juez a archivar el caso.

En el procedimiento había cinco imputados: Soler, Rachid, el letrado Juan Carlos Navarro, el empresario napolitano Ciro d'Anna y el ciudadano magrebí Abdeladif Laaroubi.

Según las pesquisas policiales, el secuestro se iba producir en a la puerta de la cafetería Vela, en la calle Isabel La Católica, por medio una banda colombiana cuyos miembros no llegaron a ser identificados. Soriano iba a ser metido en una furgoneta „la banda roció una cámara del colegio Dominicos para que el rapto no quedase grabado„ y trasladado posteriormente a un bajo de Alfafar. Más tarde, viajarían a Francia para que accediera a sus cuentas bancarias que presuntamente tiene abiertas en el extranjero para pagar parte de su deuda con Soler. Según un informe de un detective privado encargado en su día por el constructor, Soriano disponía de «una cantidad de dinero considerable» en Suiza.