El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tendrá un trato de máxima sensibilidad con el Valencia a la hora de gestionar el cobro de la sanción de 20,4 millones de euros impuesta por la Comisión Europea (CE). La institución que avaló el crédito de 75 millones de euros que recibió la Fundación Valencia CF en 2009 para comprar la mayoría accionarial del club de Mestalla, después de la ampliación de capital, quiere dañar lo menos posible al Valencia. Eso sí, dentro de los márgenes en los que pueda moverse, a la espera de conocer hasta qué punto la CE marcará las formas de pago. En lo que pueda, el organismo dependiente de la Generalitat Valenciana ofrecerá las máximas facilidades a la entidad de la que Peter Lim es propietario. Pero no tiene ninguna intención de recurrirlo. Tanto el presidente autonómico, Ximo Puig, como el presidente del IVF, Manuel Ilueca, han coincidido en la decisión de «recuperar hasta el último euro» del dinero prestado. «Entiendo que el Valencia pueda sentirse agraviado, pero el IVF ha venido a recuperar todo lo que se le debe. Las decisiones jurídicas están para acatarlas», dijo ayer Illueca.

La sanciones de la CE por considerar que hubo competencia desleal en las ayudas públicas a clubes de fútbol afectan también al Hércules y al Elche. El IVF salió al rescate de los tres equipos valencianos, aparte del Levante UD, para evitar su desaparición, teniendo en cuenta que no había otras posibilidades para recibir la financiación.

En el caso del Valencia, la garantía se hizo sobre los 86 millones de euros, incluidos los intereses, de un préstamo de 75 millones la extinta Bancaja. El aval público se realizó sobre un crédito obtenido con un tipo de interés del 0,5 por ciento «y no al 5,8 como marcaba entonces el mercado», explicó ayer Illueca en Levante TV. «La sanción de 20,4 es el resultado de lo que debería haber pagado de más del Valencia en unas condiciones normales», aseguró el responsable del IVF. «La cuestión es por qué hemos llegado hasta aquí. Debemos aprender la lección y ver que la frontera que separa un buen negocio de un hecho delictivo no está tan clara», añadió. El experto en ayudas de estado, Rafael Ripoll, concreta: «Cada uno ha de competir con sus propios medios. Si recibes ayuda pública contravienes la competencia».

Mientras, el Hércules debe al IVF 18 millones de euros más la sanción de 6,1 impuesta por la CE. El Consell tiene embargado el estadio y las acciones del club alicantino. En una situación menos desfavorable se encuentra el Elche. Pese a que adeuda 14 millones, más 3,7 de la multa europea, el IVF maneja varias ofertas para venderlo y así, resolver sus problemas de viabilidad. De momento, el Consell ha considerado una grave irresponsabilidad en el rechazo de sus gestores a venderlo a manos de un grupo catarí por una cantidad de 25 millones de euros. Pignoradas las acciones, sin embargo, el IVF puede ejecutar su venta.