«El Consell no puede incumplir la legalidad. Otra cosa es que nosotros discrepemos de la cantidad (23,3 millones de multa). Ese dinero eran ayudas del Estado y es un problema que viene de errores del pasado y ahora toca asumir lo que otros hicieron mal». El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la última etapa de su viaje oficial a Cuba, no quiso dar un mensaje diferente al de su vicepresidenta Mónica Oltra sobre la multa europea, pero sí envió un mensaje de cercanía al club de Mestalla: «Hemos hecho una labor discreta de acompañamiento, pero quiero decir que la Generalitat no ha sido hostil con el Valencia ni va a serlo jamás». Dicho esto, el presidente precisó que «no es tanto pagar como depositar un aval. Es una decisión de Bruselas y nosotros no tenemos espacio de maniobra realmente. Es una cuestión de actitud».

Desde que se conoció la resolución de la Comisión Europea (CE), el presidente ha mantenido contactos con la presidenta del club, Layhoon Chan, a la que ha transmitido, en público y en privado, la cercanía del gobierno autonómico ante el problema. «Ahora parece que ha fallado uno de los dos recursos, pero queda pendiente el otro. No tengo toda la información aquí en Cuba. El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, es el que tiene todos los datos» dijo Puig.

Horas antes, el Consell, a través de su vicepresidenta, Mónica Oltra, se había desmarcado de la petición de ayuda del Valencia respecto a la multa de 23,3 millones impuesta por la CE al club de Mestalla. Una sanción originada en la ilegalidad del aval que el IVF otorgó en 2009 para el préstamo de 75 millones de Bankia con el que la Fundación del Valencia adquirió la mayoría accionarial del club. En nombre del deber y la «responsabilidad» de «tutelar el dinero de los valencianos», dijo Oltra. «El dinero de la multa europea al Valencia debe volver a los valencianos».

El Valencia, con las cuentas del ejercicio equilibradas pero con escasa liquidez para afrontar antes del 6 de noviembre el pago dictaminado por Bruselas, busca soluciones a la desesperada. Con las alegaciones ya rechazadas por la Comisión Europea, el club blanquinegro reclamó el amparo de la Generalitat al entender que la multa es desproporcionada ya que el dinero adeudado, incluyendo la totalidad del préstamo y los intereses a los que tuvo que responder el Consell, quedaron liquidados por Peter Lim.

La vicepresidenta no ocultó su preocupación por la situación que atraviesa el Valencia, club del que es accionista y confesa seguidora: «Tengo el corazón partido porque por una parte soy accionista del Valencia y por otra miembro del Consell». Desde esa responsabilidad, Oltra recordó que debe «tutelar el dinero público, el de aquellos a los que le gusta el fútbol y el de los que no, el de los que sean del Valencia y los que no. Este dinero no se debe utilizar de manera irresponsable, no se debe desviar a donde no toca», señaló Oltra, en su habitual comparecencia de los viernes tras el pleno del Consell.

Oltra añadió que el origen de la encrucijada se remonta a la estrategia política por la que la Generalitat apostó, en tiempos del PP, para avalar a los principales clubes de fútbol valencianos: «Es consecuencia de la ruina en diferido que dejó el Consell del PP», que repartió ayudas «de forma arbitraria» y «sin criterios de solvencia técnica».

Se deben «depurar responsabilidades» porque ese dinero «es de todos los valencianos», aunque le duela «profundamente» que el Valencia sea «el principal perjudicado» de esta situación. Por su lado, Lluís Miquel Campos, jefe de gabinete de Enric Morera, contradijo en Twiter la versión de Oltra: «El Valencia no debe aún nada a los valencianos. Ahora toca que quiten la sanción o sea mínima. Por dignidad. Generalitat y Mónica Oltra ayudarán».