Un auto del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha señalado la «identificación» y la «connivencia» entre el anterior gobierno del PP del Ayuntamiento de Riba-roja, y Litoral del Este, el agente urbanizador del PAI de Porxinos.
La sentencia relata que la empresa constituida por el Valencia CF y el anterior ejecutivo popular actuaron con una identificación tal que los magistrados recuerdan que en las causas judiciales el consistorio alude al promotor «como mi mandante» y se refiere al ayuntamiento en tercera persona. «Como ya ha puesto de relieve la representación municipal en el escrito de contestación a la demanda», afirma el dictamen del juez.
La sentencia surge a raíz del litigio que inició la empresa Servihabitat XXI en contra del Ayuntamiento de Riba-roja por la aprobación del proyecto de reparcelación de los 1,2 millones de metros sobre los que se asentaba el fracasado programa urbanístico de Porxinos „anulado mediante fallo del Tribunal Supremo„ y en los que la mercantil demandante era propietaria de diversos terrenos.
La parte demandante comenzó el litigio judicial al entender que el agente urbanizador no debía repercutir entre los propietarios de terrenos en el PAI de Porxinos el valor del suelo no urbanizable que donó al ayuntamiento como compensación por la aprobación de la homologación y el plan de Porxinos al creer que la cesión era voluntaria y no por obligación legal. La sentencia desestima la demanda de la empresa y le impone las costas económicas de juicio tras destacar que la cesión de los terrenos al ayuntamiento como compensación era «obligatoria» al superar el 35 por ciento de la edificabilidad bruta y, por ello, repercutible sobre los propietarios de terrenos.
