14 de noviembre de 2016
14.11.2016
Análisis

Cordialidad pública, tensión privada

La sintonía pública entre el Consell y el Valencia por la multa de Bruselas contrasta con la fricción «técnica» entre las dos partes para abordar la sanción - La improbabilidad de obtener la suspensión cautelar y la inflexibilidad de la CE en el pago, las claves

20.11.2016 | 21:03
Cordialidad pública, tensión privada

Bajo las buenas intenciones y cordialidad institucional escenificadas con los paseos en Morella de Ximo Puig y Layhoon Chan, subyace la tensión «técnica» entre el Consell y el Valencia para abordar la multa de 23´3 millones de la Comisión Europea por la ilegalidad de los avales concedidos en 2009. La predisposición de las dos partes para colaborar conjuntamente es incondicional, pero sigue saltando la pintura ante la tremenda complejidad de encontrar puntos de encuentro. Se ha comprobado en los últimos movimientos del Valencia. Escasas horas después de que la vicepresidenta, Mónica Oltra, reiterase el amparo de la Generalitat al club de Mestalla, la presidenta Chan instaba al Consell a no parapetarse detrás de Bruselas a la hora de defender a la entidad. Días después, el Valencia presionaba de nuevo al gobierno valenciano para elaborar un informe para adherirlo a su recurso a fin de solicitar la suspensión cautelar. Un trámite del que todavía no se tiene noticia en el club.
La tensión se ha evidenciado en las reuniones técnicas entre los abogados del Consell y el club debido, en buena parte, a las inflexibles condiciones de Bruselas para garantizarse el cobro de la sanción en el futuro. A pesar de haber obtenido la cautelarísima y de ganar tiempo extra, existe poco convencimiento en que prospere el recurso del Valencia para obtener la suspensión cautelar por parte del Tribunal de Luxemburgo. Un alto cargo del Valencia reconocía en privado que «nueve de cada diez solicitudes que llegan a Luxemburgo son rechazadas», por lo que, sin descartar que vaya hacia adelante el primer recurso, el escenario en el que se trabaja es a largo plazo, aproximadamente a partir de enero, para intentar minimizar en lo posible el impacto definitivo de la sanción. Ahí empiezan las diferencias.

Bruselas exigiría al Instituto Valenciano de Finanzas, beneficiario de la multa, que reclame de modo inmediato el cobro íntegro de la multa. El Valencia asegura que no tiene liquidez suficiente para afrontar la millonaria suma y ofrecerá, basándose en las alternativas de pago de las leyes españolas, el nuevo estadio como garantía. Sin embargo, fuentes del Consell afirman que, en caso de aceptar ese activo inmobiliario, el gobierno autonómico podría exponerse a sanciones por desobedecer la orden comunitaria. «Bajo ningún concepto se va a poner en riesgo a la administración autonómica», señalan desde el Consell. Con independencia del recorrido del recurso definitivo, que puede demorarse hasta dos años, la Comisión Europea pediría ya, sin más dilación, el cobro de la multa.

La Generalitat tiene previsto adherirse al recurso del Valencia, pero está por ver si lo hace en la totalidad del texto, o solo en parte. Es otro de los puntos de debate. El Consell estudia con detenimiento el texto para garantizarse que no se firma nada que pueda comprometer a la administración en el futuro. El Valencia ya ha dejado entrever que si no logra esquivar la multa, se podrían emprender acciones legales contra los distintos actores „la propia Generalitat, entonces gobernada por el Partido Popular„ que diseñaron la operación para conceder a la Fundación el aval que le permitió acceder al crédito de Bancaja para completar la ampliación de capital que le elevaría en 2009 como máxima accionista de la entidad.

La voluntad del Consell es la de apoyar, en la medida que lo permita el marco legal, al Valencia. Al gobierno de Ximo Puig no se le escapa el calado y la repercusión social que arrastra la entidad de Mestalla.

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