El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un informe oficial al Consell Jurídic Consultiu sobre la reclamación de 25 millones de euros que el Valencia CF, a través de la mercantil Litoral del Este, exige a las arcas municipales por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en la que se preveían la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1'2 millones de metros cuadrados del término municipal.

El equipo de gobierno de Riba-roja ha instado a este órgano que se encarga de velar por el cumplimiento del actual ordenamiento jurídico valenciano «la elaboración de un informe sobre la petición que el pasado año realizó el Valencia a este ayuntamiento con el objetivo principal de dictaminar sobre la fundamentación jurídica de la misma», según reza un comunicado del consistorio.

El Valencia pretende que el ayuntamiento devuelva los 25 millones al entender que el plan urbanístico de Porxinos nunca se llevó a cabo, aunque a día de hoy ese dinero se gastó completamente, a razón del 10% sobre la adquisición por el excedente de aprovechamiento, indemnización a los propietarios, gastos generales, además de obras como la piscina, el molino junto al río Túria, el centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano, si bien estas dos últimas no se han ejecutado.

El gobierno de Riba-roja considera «indispensable», afirma, una opinión por parte de un organismo público «ya que se trata de una petición muy relevante para el futuro de este ayuntamiento por el riesgo económico en el que se podría incurrir por la deficiente gestión del Partido Popular en una proyecto que en su momento los que estábamos en la oposición ya avisamos, tanto por las deficiencias urbanísticas que se cometieron, el pelotazo económico que se permitió a los urbanizadores así como por las graves consecuencias financieras que pueden suponer para este consistorio».

Paralelamente, la Sindicatura de Comptes ha investigado también las operaciones económicas que se llevaron a cabo en el año 2014 en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que se incluye un organigrama municipal, un inventario de bienes municipales actualizado, una relación exhaustiva de todos los certificados de actas de los órganos de gobierno de la corporación bajo mandato del ex alcalde Francisco Tarazona, del PP.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado que la acción del gobierno municipal «persigue una defensa acérrima de los intereses de los ciudadanos ante una demanda de la magnitud y que si se confirmase pondría en cuestión la viabilidad futura del consistorio, por ello estamos solicitamos una opinión adicional a los informes que ya nos otorgan la razón en nuestro proceder».