El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha rechazado la demanda de 25 millones de euros de Litoral del Este -empresa vinculada al Valencia- por la anulación del PAI de Porxinos en un dictamen emitido. El CJC, cuyas valoraciones no son vinculantes, afirma que la petición del Valencia "no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimación puesto que ni nos encontramos ante un daño real y efectivo en los términos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulación del instrumento de planeamiento ha generado una minoración en un derecho de aprovechamiento que nunca llegó a tener".

Los planes del Valencia de llevar a cabo este programa urbanístico fueron fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, y la empresa Litoral del Este en el que las arcas municipales recibieron 20 millones de euros como compensación por la recalificación de los terrenos considerados como no urbanizables de protección agrícola.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos. La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Además, en septiembre la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección del plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.