Afectados por la estafa de telefonía de Murcia y Madrid se suman a la denuncia investigada por la policía en Valencia

R. F., Valencia
Afectados del resto de España por la estafa con la venta de minutos de telefonía móvil desvelada la semana pasada por Levante-EMV se han sumado a la denuncia que está investigando en Valencia el grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía. La plataforma de afectados está recibiendo denuncias de Murcia y Madrid. En Valencia hay más de quinientos perjudicados y en Murcia otros trescientos.
La sociedad que presuntamente ha cometido el fraude es una empresa de Murcia que compraba minutos a las principales operadoras de España para revenderlos a precios sin competencia. Los clientes tenían la posibilidad de pagar ochenta euros al mes a cambio de una tarifa plana que les permitía llamar a números nacionales sin restricciones. A cambio, debían firmar un contrato que les obligaba a pagar el plan de tarifas contratado durante dos años a una financiera. La empresa murciana ha dejado de prestar servicio y ahora los consumidores se ven obligados a seguir pagando a la financiera.
Una ex comercial de la empresa en Murcia explicó a este periódico que estuvo a punto de cerrar cincuenta contratos en Alicante en julio, pero "el responsable de la empresa desapareció y estas cincuenta personas se han salvado".
Seguir con las cuotas
Las principales asociaciones de consumidores de Valencia han recomendado a los afectados continuar pagando a las financieras aunque no estén recibiendo el servicio.
El departamento jurídico de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius se ha puesto a disposición de los afectados. Tyrius aconseja acudir a las asociaciones de usuarios para estudiar cada caso particular y se ha brindado para asesorar de forma completamente gratuita a los perjudicados. El colectivo está investigando si el tipo de contrato que han firmado los clientes de la empresa murciana denunciada es legal.
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios -AVACU- insiste en que los afectados por el presunto fraude tienen que seguir pagando a las financieras para evitar que los incluyan en registros de morosos. Julio Tío, portavoz de AVACU en Valencia, explicó que los perjudicados pueden plantear pedir al juez que permita la paralización de los pagos hasta que se resuelva si existe o no fraude. Tío recomendó a los afectados que revisen en profundidad los contratos y apuntó que "lo lógico es que se sumen todos a la misma denuncia".