Medio centenar de inmigrantes sin hogar declara ante el juez por ocupar una fábrica

H. García, Valencia
Las 56 personas desalojadas hace dos semanas de la antigua fábrica de Bombas Gens, en Marxalenes, comparecieron ayer ante el juez como imputados por posible delito contra la propiedad privada, penado con multas de hasta 10.000 euros. Los imputados, entre los que había cinco integrantes de las ONG que asisten a los inmigrantes sin techo, alegaron que ocuparon la fábrica al no tener medios ni otro sitio donde ir. Los abogados del CEAR que dan asistencia legal a los inmigrantes, en su mayoría subsaharianos que trabajaban como temporeros, creen que el juez archivará el caso. El motivo no es otro que la no comparecencia ayer de la acusación particular, esto es, del dueño de la fábrica -Grupo García Ojeda- que instó al desalojo policial del edificio. La promotora tiene proyectada una zona comercial y un hotel en la fábrica de estilo Art Decó incluida en el catalogo de edificios protegidos.
Las entidades Foro Alternativo de la Inmigración, Mesa d'Entitats de Solidaritat y la Red Estatal por los Derechos de los inmigrantes convocaron ayer una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Valencia para reclamar solidaridad con los cerca de 60 inmigrantes desalojados de la fábrica. Un tercio de ellos ha encontrado acomodo temporal en albergues municipales, otro tercio se ha ido a otras ciudades y el resto malvive como puede en la calle, según explicó ayer Salva Lacruz, portavoz del CEAR. En la concentración, las ONG reclamaron a la Administración una solución digna porque recordaron que la situación del puente de Ademuz, donde durante años durmieron decenas de inmigrantes, se ha reproducido por la falta de recursos asistenciales adecuados. Las ONG reclamaron que se paralice el proceso judicial contra los inmigrantes desalojados y que no se criminalice la pobreza ni se aboque a estas personas a ala exclusión social.