Una jueza obliga a cerrar otra iglesia evangelista porque los cánticos molestan

Hortensia García, Valencia
La junta de gobierno del pasado viernes acordó ordenar el cese de la actividad de la Iglesia Evangélica de Filadelfia que se viene desarrollando en una planta baja del barrio del Cabanyal en base a la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Valencia que desestimó el recurso de los feligreses. El litigio entre la congregación y el ayuntamiento se remonta a diciembre de 2007 cuando el consistorio ordenó, ante las denuncias de los vecinos por el exceso de ruido de la música y los cánticos, el cierre del local entretanto no obtuviese licencia de modificación de uso.
Sin privilegios para entidades religiosas
El pastor de la iglesia, ubicada en el número 35 de la calle Francisco Baldomá, impugnó la resolución del ayuntamiento y ambos acabaron en el contencioso resuelto el pasado mes de febrero. El pastor y a la vez arrendador del local desde 2004 aduce que las molestias no han sido probadas por el ayuntamiento y que de "lo que realmente se trata es de un acto xenófobo contra unos fieles que en su mayoría son de raza gitana". A los feligreses les sorprende "que se exija una licencia municipal para el ejercicio de la libertad religiosa máxime cuando el local arrendado cumple las condiciones de seguridad y salubridad". Añaden además que el arquitecto municipal "no ha comprobado" el incumplimiento de la ordenanza municipal de Ruidos y Vibraciones.
El ayuntamiento replica que la ley es la misma para todos negando "razones de raza" en su actuación. "No puede pretenderse que por el hecho de tratarse de una entidad religiosa ostente el privilegio de no estar sometida al ordenamiento jurídico", remacha el consistorio.
"La denuncia formulada en su día se refiere a molestias por cánticos y presencia de personas en la vía pública causando molestias a los vecinos". El ayuntamiento aduce que actuó "en defensa de la legalidad urbanística". Según los técnicos municipales el contrato de arrendamiento no permite la cesión de la vivienda y por tanto se trata de un caso de ilegalidad urbanística por "falta de licencia de cambio de usos y falta de medidas de seguridad".