El Supremo cuestiona el plan del Cabanyal y propone que se investigue si hay expolio

JOSÉ PARRILLA VALENCIA Cuando la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez parecía un caso resuelto, el Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar el proyecto y lo ha puesto, además, en manos del Gobierno, que a través del Ministerio de Cultura deberá decidir si esa actuación supone un expolio del patrimonio cultural valenciano y, en definitiva, si los derribos son legales o no. Esta decisión ha devuelto la esperanza a la asociación Salvem el Cabanyal, que ya ha anunciado que pedirá un claro pronunciamiento del ministerio para proceder a la paralización de los derribos.
La sentencia publicada ayer por el alto tribunal viene a resolver una de las vías abiertas por los vecinos para detener el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal Canyamelar (Pepri), cuyo eje es la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio. Por un lado, se dio la batalla urbanística y, por otro, se denunció el expolio de esta amplia zona del este de Valencia calificada como bien de interés cultural. La primera quedó resuelta a favor del Ayuntamiento mediante sentencia de marzo de 2008, y la segunda se ha resuelto ahora a favor de los vecinos.
El primer paso de esta vía se dio en el año 2000, cuando la asociación Salvem el Cabanyal pidió al Ministerio de Cultura que dijera si el Plan de Prolongación de Blasco Ibáñez suponía un caso de expolio cultural del Cabanyal dada su "peculiar trama de retícula derivada de la alineación de las antiguas barracas y la arquitectura popular de clara raigambre eclecticista".
A esa petición, el ministerio, entonces en manos del PP, resolvió diciendo que se trataba de un tema urbanístico cuya competencia era de la Generalitat Valenciana, lo que motivó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la primera sentencia favorable.
El tribunal decía que la decisión del ministerio "no es conforme con el ordenamiento jurídico" y obligaba a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales a "motivar expresamente" su decisión "conforme a los parámetros legales aplicables al caso y con relación por ello a los amplios y exhaustivos informes de los arquitectos de la Inspección de la Conselleria de Cultura, de la Sindicatura de Greuges y de la Facultad de Derecho y demás departamentos de la Universitat de València aportados en el expediente de expolio", informes todos ellos, según Salvem el Cabanyal, contrarios al proyecto.
Esta sentencia fue recurrida por el Estado y por la Generalitat Valencia ante el Supremo, y ahora el alto tribunal ha rechazado ese recurso y ha confirmado la sentencia del TSJ madrileño. Aclara también quién tiene las competencias para pronunciarse sobre el supuesto expolio, trayendo al texto una sentencia del Constitucional que "atribuye expresamente al Estado la defensa contra la exportación y expoliación" de museos, bibliotecas, archivos y todo lo que sea "materia cultural".
Finalmente, justifica su anterior fallo de marzo de 2008, en el que daba luz verde a la prolongación de Blasco Ibáñez, asegurando que desconocía la existencia de una denuncia por expoliación.
Tras la sentencia, Salvem el Cabanyal ya ha anunciado que pedirá al Ministerio de Cultura que declare el expolio del barrio y obligue al ayuntamiento "a detener las expropiaciones y la ejecución del plan en su parte destructiva".
Para el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, "la decisión del Supremo da esperanza a quienes siempre han apostado por la recuperación del Caba?nyal", mientras que los servicios jurídicos municipales creen que el plan es "absolutamente legal" y que esta sentencia únicamente exige al Ministerio de Cultura que explique por qué dijo en 2001 que era una cuestión urbanística.