Salvem el Cabanyal activará todas las vías judiciales para detener los derribos

JOSÉ PARRILLA VALENCIA La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal estudia pedir judicialmente la paralización de los derribos en el Cabanyal hasta que el Ministerio de Cultura especifique si la prolongación de Blasco Ibáñez supone el expolio patrimonial del barrio. Y si luego el informe del Ministerio es favorable a su intereses y no supone una paralización automática del plan, como creen que sería posible, iniciarán un nuevo proceso judicial y social para hacerlo realidad. El Gobierno, de momento, sólo se ha pronunciado para decir que asume la competencia del caso y apelar a la colaboración de las partes.
De lo que no hay duda, es de que la sentencia del Tribunal Supremo pidiendo al Ministerio de Cultura un informe sobre el posible expolio del barrio, ha abierto una nueva etapa en este conflicto, que dura ya once años. La sensación generalizada de quienes han ganado el recurso y de la oposición es que el plan del Cabanyal puede ser paralizado. Falló la vía urbanística y ha triunfado la vía patrimonial, entienden.
Ayer Maribel Doménech, portavoz de Salvem el Cabanyal, declaró que sus servicios jurídicos están estudiando ya todas las posibilidades para darle continuidad a la sentencia del Supremo, desde la petición cautelar de los derribos hasta el inicio de un nuevo proceso judicial si el ministerio concluye que hubo expolio. "Nosotros seguiremos -dijo- los procesos judiciales y sociales que sean necesarios para paralizar el proyecto y exigir la rehabilitación de la zona, no la que dice el Pepri, que son sólo derribos, sino hacer nuevas construcciones sustitutivas de las que había".

Mociones municipales
A su juicio, el Ayuntamiento está llevando a cabo su plan "sin transparencia" y sin una idea clara de cómo hacerlo. "Lo único que hacen es comprar, derribar y ya está, pero no hacen una expropiación general. Este es un proyecto político y no saben qué hacer con él, como no lo han sabido en 11 años", sentencia.
Por su lado, la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar ha expresado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo y ha exigido la paralización inmediata de la demolición de viviendas hasta que se resuelva este conflicto.
Esta petición, la oficializará el grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que ayer preparaba una moción solicitando también la paralización cautelar de los derribos. Su portavoz, Carmen Alborch, recordó que "los tribunales se han pronunciado en la vía urbanística, pero no en la patrimonial", una "novedad" que, a su juicio, "la alcaldesa no puede ignorar". Alborch cree que ahora hay que dejar trabajar al Ministerio de Cultura y si de su informe se derivase "una declaración de expolio", ésta "incidiría frontalmente en la sentencia del Supremo que declaraba ajustado a la legalidad el proyecto, puesto que la ley sobre el patrimonio tiene carácter tutelar".
Por lo que se refiere al Gobierno, del que ahora depende el futuro del Cabanyal, como se encargó de recordarle ayer Esquerra Unida, su delegado en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, dijo que el Ministerio de Cultura "asume sin ninguna duda la competencia de hacer este informe".
No obstante, apeló a la colaboración de todas las partes "para que sea lo más consensuado posible". A su juicio, "hay que aprovechar la elaboración de este informe para superar obstáculos y diferencias". "Cosas más difíciles se han hecho y estoy seguro de que también esto se puede hacer", sentenció.