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R. LAGUNA
El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, confirmó ayer que va a abrir diligencias para reiniciar la investigación sobre la permuta de los terrenos donde se levanta el nuevo estadio del Mestalla, después de que la Fiscalía General del Estado declarara su competencia.
"Voy a comenzar la investigación de nuevo", dijo ayer el Fiscal Superior tras haber sido notificado por el Fiscal General Cándido Conde Pumpido de su competencia en el asunto. Cabedo pidió a Madrid que mediara, ya que no ve delito; mientras que la Fiscalía Provincial, que había realizado la investigación, estimaba que sí existía.
No obstante, las diligencias del Fiscal Superior no tienen por qué partir de cero, ya que la Fiscalía Provincial de Valencia remitió ayer mismo a Ricard Cabedo todo el expediente, las diligencias penales 29/08. En éste se incluye una pericial que tasa los terrenos del nuevo estadio -aún de propiedad del Ayuntamiento de Valencia, ya que no se ha formalizado el contrato de permuta en el Registro de la Propiedad-, las declaraciones de varios funcionarios y documentales.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia dio por finalizadas sus indagaciones cuando vio que había indicios de delito en la actuación de la alcaldesa Rita Barberá, y los concejales Alfonso Grau y Jorge Bellver. La primera edil es un cargo aforado por ser también diputada autonómica.
La Fiscalía Provincial llegó a la conclusión de que había indicios de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos tras recibir la última prueba, una pericial del Ministerio de Economía y Hacienda, que establecía un desfase de 29,5 millones de euros en la permuta del Mestalla.
Según este informe, la tasación aceptada por el Ayuntamiento de Valencia sobre el solar de 80.000 metros cuadrados donde se construye el estadio, en la Avenida Cortes Valencianas, no tuvo en cuenta las dos recalificaciones posteriores y, por tanto, no incluía el uso comercial, hostelero y de oficinas que revalorizan el terreno con posterioridad. La tasación inicial cifraba su valor en 45,3 millones de euros, mientras que la pericial lo valoraba en 75. El Ayuntamiento de Valencia aceptó la permuta a cambio de 19 solares diseminados por la ciudad y 17 millones de euros en metálico.
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