El PP rechaza por tercera vez retirar símbolos franquistas

P. VAREA VALENCIA Los socialistas no lograron, en su tercer intento, que el gobierno local de Rita Barberá cumpla con la Ley de la Memoria Histórica que recoge la obligación en su artículo 15 de tomar las medidas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista. El PP rechazó ayer en el pleno del Ayuntamiento de Valencia la moción del grupo socialista para retirar los símbolos franquistas en edificios municipales y espacios públicos de la ciudad y proteger los refugios antiaéreos como Bienes de Relevancia Local.
El socialista Soto emplazó al PP a seguir los ejemplos de otros municipios gobernados por ese partido como el de Alicante, que retiró el título de hijo adoptivo al dictador Franco, y a seguir los pasos de la consellera de Cultura de proteger los refugios. Pero ni con esas Soto logró convencer a los populares.
El concejal y portavoz del PP, Alfonso Grau, nada más empezar su intervención para contestar a Soto, le espetó que ya lleva tres propuestas en varios años y "no se percata de que es el mejor propagandista de Franco. Es el único que habla de Franco. Al paso que va, la fundación, que no sé si funciona, le dará una medalla".
Grau justificó el rechazo de la moción en que la citada legislación hace referencia a la supresión de estos símbolos cuando se refieran a "exaltación personal o colectiva de la sublevación, de la Guerra Civil y la represión de la dictadura y eso no se da".
Soto acusó a Grau de no querer aprobar la moción porque "su jefa - en referencia a la alcaldesa pero otorgándole el cargo existente en la dictadura de jefa del movimiento- se lo prohibe porque tiene un problema de atadura de un pasado que no quiere superar . Tiene votos para gobernar la ciudad pero no para incumplir la ley".
Las piezas que el PSPV exige retirar son los escudos de los colegio Teodoro Llorente y La Torre; escudos en edificios militares de Capitanía y Comandancia de Marina y la cruz de los caídos que existe bajo el arco central de la Porta de la Mar. Ahora, el PSPV no descarta exigir la retirada en los tribunales.
La FEMP pide ayuda
a los ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aceptado la propuesta del Gobierno de colaborar en la localización de las fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Esa colaboración consistirá básicamente, en difundir a todos los municipios las directrices marcadas por el Ejecutivo para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno es consciente de que los ayuntamientos manejan abundante información sobre la ubicación de las fosas comunes y de ahí que solicite su colaboración para elaborar un mapa que incluya todos los puntos donde deberían llevarse a cabo las inhumaciones.
También lo han pedido a las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han mostrado su disposición a firmar acuerdos en este sentido. Entre las que ya se han ofrecido están Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura y Melilla. Por contra, se han opuesto a esta medida Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia. Purificación Morandeira, subsecretaria del Ministerio de Justicia, cree que las comunidades que no se han acogido al proyecto o no se han pronunciado, como es el caso de la valenciana, tienen discrepancias con la ley bien por un problema de sensibilidades o bien por cuestiones técnicas y económicas.