El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha interpuesto hoy dos recursos por la vía contencioso-administrativa con el objetivo de paralizar los derribos de edificios en el barrio del Cabanyal, como consecuencia de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, según informó el PSPV en un comunicado.
Uno de los recursos se ha interpuesto contra el acto administrativo que supuso el rechazo por parte del pleno municipal celebrado el pasado 26 de junio de la moción presentada para paralizar los derribos del Cabanyal hasta que el Ministerio de Cultura dictamine sobre si constituyen o no expolio patrimonial.
El otro recurso recurre las licencias de derribo otorgadas en julio respecto a los inmuebles situados en el número 170 de la calle Padre Luis Navarro y en el número 155 de la calle Barraca, al entender que incumplen la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que condiciona la concesión de licencias de derribo sobre inmuebles ubicados en entorno declarado Bien de Interés Cultural a la existencia de un proyecto de edificación sustitutiva.
La portavoz socialista, Carmen Alborch, en la rueda de prensa en la que compareció al concejal Vicente González Móstoles explicó que desde su grupo defienden "la pervivencia, la rehabilitación y la revitalización del Cabanyal", y precisó que recurren los derribos de porque "defendemos otra forma de hacer Cabanyal".
"El deterioro del Cabanyal es consecuencia del empeño de la alcaldesa, Rita Barberá, y del PP de prolongar Blasco Ibáñez a toda costa", lamentó Alborch, quien indicó que "la política de derribos que sigue el equipo de gobierno es consecuente con este empeño destructivo en el que cuanto peor, mejor".
En opinión de la portavoz del PSPV, existe "otra manera de actuar", como, según dijo, representa el convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para rehabilitar 800 viviendas y revitalizar el barrio.
"Medida ocultada por el gobierno del PP", según la portavoz, quien recordó que, frente a ello, el Ayuntamiento "sólo ha rehabilitado tres edificios desde la aprobación del PEPRI y prevé el derribo de casi 70". Asimismo, criticó que el balance de la actuación municipal en el Cabanyal es "demoledor", puesto que, según dijo, "la acción del grupo municipal se basa en hacer lo posible para parar el deterioro y la demolición".
"No nos gusta acudir a los tribunales, nos gusta más pactar y convenir, pero tenemos que presentar estos recursos ante la actitud del equipo de gobierno", explicó Alborch.
Por su parte, González Móstoles explicó que el rechazo de la suspensión cautelar de los derribos implica que "la destrucción de bienes protegidos o protegibles hará imposible la posterior recuperación si el Ministerio considera que existe expolio".
"La prudencia hubiera exigido la suspensión", consideró González Móstoles, quien, en relación al otro recurso, recordó que "el deterioro físico del barrio está inducido por los derribos y por las amenazas de derribo".
Asimismo, el edil denunció que, por un lado, los derribos no cuentan con la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura y, por otro, se han concedido en el ámbito de unidades de ejecución, sin que exista el proyecto de urbanización global.
