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La prolongación de Blasco Ibáñez vuelve a encallar. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia dictó ayer la suspensión cautelar y "urgente" de las licencias de derribo de dos casas del conjunto histórico del Cabanyal. La decisión puede tener consecuencias de alcance pero antes deberá ser ratificada por el juez, que ha citado a las partes para el lunes próximo. El auto se hizo público 24 horas después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, asegurase que "todo va a ir adelante" en el proyecto urbanístico de conexión de Blasco Ibáñez con el mar.
La suspensión fue instada el jueves por el grupo municipal socialista como medida cautelar para evitar los nuevos derribos en el barrio. Además de acordar la suspensión cautelar, el juzgado notificó ayer la admisión a trámite del recurso de los socialistas contra el Plan Especial del Cabanyal por incumplimiento del principio de edificación sustitutoria. Este precepto de la ley de Patrimonio intenta evitar la generación de solares degradados en entornos monumentales. El ayuntamiento ha derribado más de 30 inmuebles en el Cabanyal,una decena en el BIC.
Los socialistas solicitaron la paralización de los derribos ante la negativa del gobierno municipal a sacar las excavadoras del barrio entretanto se cierra el proceso judicial y el Ministerio de Cultura emite el informe sobre expolio requerido por el Tribunal Supremo hace tres meses.
El juzgado entiende que en los dos derribos impugnados por los socialistas "concurren las razones" para una paralización de "urgencia". El auto argumenta que ayer era el "último día hábil para las actuaciones judiciales" que no se reanudarán hasta el 1 de septiembre y añade que si las demoliciones se llegaran a ejecutar en agosto "resultaría totalmente infructuoso" un pronunciamiento judicial posterior.
El juzgado paraliza los derribos "sin oir a la parte contraria", una medida extraordinaria aplicable en caso de "imposible o difícil reparación de los daños y perjuicios que la ejecución del acto recurrido pueda ocasionar al actor". En el auto se cita a las partes a comparecer ante el juez el próximo lunes a las 12 horas. En el auto se insta al ayuntamiento a notificar la medidad cautelar a Cabanyal 2010, la empresa pública que gestiona el plan especial y la que solicita la licencia de derribo, pues no ha localizado su domicilio (ubicado en la calle de la Reina, pleno corazón del Cabanyal).
Los vecinos están "esperanzados"
Las reacciones a los dos autos judiciales de ayer anunciando la suspensión de los derribos en el Cabanyal y la admisión a trámite del recurso contencioso contra el plan especial no se hicieron esperar. Tras el pleno ordinario, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, dijo que acatarán la orden de suspensión si bien puntualizó que sólo afectan a dos edificios y no a todo el plan urbanístico.
Grau intentó quitar trascendencia a la decisión judicial y comentó que las licencias aún no eran definitivas.
El PSPV advierte de que los argumentos de la suspensión dictada ayer son aplicables a todas las órdenes de derribo que se tramiten tras la sentencia del Tribunal Supremo que reabre la vía de expolio.
El concejal socialista Vicente González Móstoles consideró ayer que la admisión a trámite son los "brotes verdes" que demuestran el "giro" en la política urbanística en este barrio. La portavoz de la oposición, Carmen Alborch, apuntó consideró que la decisión judicial les da la razón en su línea de "revitalizar El Cabanyal".
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Vicente Gallart, manifestó su satisfacción por la orden de paralización ya que es lo mismo que ellos solicitaron, sin éxito, a la alcaldesa. Gallart aseguró que es "una irresponsabilidad seguir destrozando el patrimonio cuando hay pendiente un informe del Ministerio de Cultura. A este respecto, el teniente alcalde entiende que lo que debe argumentar el Ministerio de Cultura es "que no existe expolio".
El portavoz vecinal aseguró que los vecinos están "esperanzados" en poder avanzar en la rehabilitación del barrio porque "las últimas sentencias judiciales no están dando la razón"
