Playas informa al Gobierno de la instalación de cámaras después de su colocación

JOSÉ PARRILLA VALENCIA El Ayuntamiento de Valencia ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana informándole de la instalación de las cámaras en la playa de la Malva-rosa y Cabanyal. Lo hace después de anunciar su puesta en funcionamiento y tras escuchar críticas de la oposición por no haber cumplido con este trámite obligatorio. Ahora, todo parece indicar que la Comisión de Garantías de Videovigilancia pedirá al ayuntamiento toda la documentación al respecto y se pronunciará sobre su legalidad.
Según fuentes de la Delegación del Gobierno, cuando se realiza una instalación de estas características es obligatorio comunicarlo oficialmente -no pedir permiso- a este organismo para que la Comisión de Videovigilancia, de la que forman parte la propia Delegación, el Tribunal Superior de Justicia y la Federación de Municipios y Provincias, supervise su legalidad. Sin embargo, el escrito de la Concejalía de Playas llegó "entre el viernes por la tarde y ayer por la mañana" después, en cualquier caso, de que la concejala Lourdes Bernal presentara oficialmente la medida y después de que entrara en funcionamiento.
Ahora, dijeron las fuentes, la comisión pedirá toda la documentación al ayuntamiento y analizará la ubicación y el alcance de las cámaras, de manera que si vulneran el derecho a la intimidad de los bañistas podría obligar a retirarlas. De no haber irregularidad alguna se dará simplemente por informada y permitirá su funcionamiento con normalidad.

Campaña municipal
El ayuntamiento, mientras tanto, se afana en convencer a los ciudadanos de la idoneidad del sistema.En un comunicado hecho público ayer Lourdes Bernal explica que las cámaras, colocadas en el balneario Las Arenas, "no vulneran el derecho a la intimidad de los usuarios al estar configuradas con los parámetros de privacidad y de acuerdo a lo establecido por la ley de protección de datos de carácter personal".
El artículo 6 de dicha ley dice, según la nota, que no debe mediar el consentimiento de los afectados cuando se trata de "control estadístico de afluencia de público, control de la evolución de vertidos en el mar, prevención y control de situaciones de riesgo de bañistas y prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales".
Lourdes Bernal afirma, además, que "la Concejalía de Playas informó en su día de este proyecto a la Delegación del Gobierno y a la Conselleria de Gobernación de la Generalitat Valenciana, ya que no era necesaria la autorización previa del mismo, pues está siendo utilizado dentro de los parámetros que exige la ley".