Cercle Obert apela a la Fiscalía General para que investigue la permuta de Mestalla

JOSÉ PARRILLA VALENCIA La asociación vecinal Cercle Obert de Benicalap ha dirigido un escrito a la Fiscalía General del Estado, el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo para que investiguen la permuta de los terrenos del nuevo Mestalla. Después del archivo de la causa por parte del fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, y ante la imposibilidad de reunir los 85.000 euros que costaría iniciar un proceso penal, la entidad vecinal se dirige a estas instituciones para que actúen de oficio, pues entienden que se está perjudicando el interés general de los valencianos.
La permuta de los terrenos del nuevo Metalla se firmó en el año 2005. El Ayuntamiento cedía al Valencia CF una parcela de 80.000 metros cuadrados a cambio de 45 millones de euros: 19 solares y 17 millones en metálico. No obstante, el ayuntamiento recalificó estos terrenos para construir un hotel y el valor del solar, según tasación del Ministerio de Hacienda, se incrementó en 30 millones, aumento que no fue sumado al precio inicial.

Trato de favor
Para Cercle Obert de Benicalap, esta operación suponía un trato de favor al club de fútbol y un perjuicio para el interés de los ciudadanos, versión que ratificó la Fiscalía de Valencia acusando a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a los concejales Alfonso Grau y Jorge Bellver, de un delito de preva?ricación y otro de malversación de caudales públicos.
No obstante, el fiscal superior, Ricard Cabedo, apreció después que no había delito y archivó la causa, pues la recalificación se produjo cuando el club ya era dueño del solar, independientemente, decía, de que no hubiera entregado los solares y el dinero pactado.
El fiscal dejaba abierta la puerta, eso sí, a la vía penal, pero según Antonio Marín Segovia, presidente de Cercle Obert, la organización no dispone de los 85.000 euros que cuesta abrir ese procedimiento. Así pues, se dirige a la Fiscalía General del Estado, al Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo para que investiguen el caso por sus propios medios, pues entienden que la decisión del fiscal Cabedo "no tiene sentido".
Sus argumentos son básicamente tres. El primero es que el Plan Director de Instalaciones Deportivas del año 2000 destinaba esta parcela a equipamientos públicos deportivos y de ocio. Asimismo, recuerda que la valoración de la parcela se hizo por debajo del precio fijado por el Ministerio de Economía. Y recuerda en tercer lugar que el estadio ya está en fase de construcción sin que el ayuntamiento haya recibido ni los 19 solares ni los 17 millones de euros. "Los actuales directivos del Valencia y el propio Alfonso Grau -explica- han declarado en reiteradas ocasiones que los terrenos donde se construye el nuevo estadio siguen siendo de titularidad municipal."