Barberá considera una estafa el adelanto del último pago de las obras del Plan Zapatero

JOSÉ PARRILLA VALENCIA La airada crítica de Barberá al Gobierno socialista apenas le permitió informar de la evolución del Plan Estatal de Inversión Local en Valencia, que dobla la inversión prevista por el ayuntamiento para todo el año 2009: 67 millones de gasto municipal por 141 millones del Plan Zapatero.
Pero algunos datos sí ofreció. La alcaldesa explicó que ya hay 21 proyectos finalizados, que han generado 40 empleos y han consumido unos dos millones de euros. Asimismo, hay en marcha otros 137 proyectos que han dado trabajo a 2.839 personas y por los que ya han cobrado 32 millones de euros. Y para terminar dijo, haciendo cuentas por encima, que quedan por pagar unos 110 millones de euros y que en la caja a la que va todo este dinero habrá "noventa y tantos".
El plan completo incluye 158 proyectos que generarán en torno a 7.000 empleos.

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La alcaldesa de Valencia arremetió ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la última novedad respecto al Plan Estatal de Inversión Local, que obliga a los ayuntamientos a adelantar el último 30% de los contratos, en el caso de Valencia 42 de los 141 millones del plan. "¿De donde vamos a sacar ese dinero?", se preguntó la alcaldesa, quien no ahorró adjetivación en su discurso y calificó la medida de "estafa política", "tomadura de pelo" "atropello" o "chapuza".
En un principio, el Plan de Inversión Local preveía que el Gobierno adelantara el 70% del importe del proyecto y el 30% restante se abonaría cuando el Ayuntamiento justificara la obra. El 24 de septiembre, sin embargo, el Ministerio de Política Territorial remitió un "mail" al Ayuntamiento de Valencia -también al resto-, en el que advertía que el libramiento de ese último pago "se efectuará una vez que el Ayuntamiento haya abonado al contratista el 100% del importe del contrato y, por tanto, pueda justificar completamente la inversión realizada".

Desajuste en el PP
Esta carta causó cierta confusión y malestar entre los municipios valencianos, pero fue curiosamente el concejal de Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senent, quien mejor encajó la medida, asegurando que estaba incluida en el real decreto que regula el Fondo de Inversión Local y que ya era conocida desde hace meses.
Ayer, sin embargo, la alcaldesa, Rita Barberá, excusó este pronunciamiento -"han conseguido confundir hasta a los técnicos", dijo- y retomó el camino de la confrontación con el Gobierno.
"Esto nos pone en una situación terrible -dijo-. Ahora tenemos que adelantar 42 millones de euros. ¿De donde?", se preguntaba.
En su opinión, el Gobierno ha cambiado las reglas del juego a mitad de partida y eso demuestra "un comportamiento arbitrario y chapucero", además de suponer "un nuevo atropello a los ayuntamientos". "Encima de que nos engañan con la financiación local y crean un fondo a mayor gloria del Gobierno, para tapar la crisis económica, ahora nos dicen que tenemos que adelantar el 30%. ¿De donde?" , insistía.
Una medida así, declaró, sólo puede explicarse porque "están desesperados, han dilapidado el dinero y ahora quieren que paguemos los desmanes del Gobierno porque no tienen un duro". En este sentido, Barberá recordó que con la última decisión del Ministerio de Política Territorial los ayuntamientos de toda España tendrán que desembolsar 2.400 de los 8.000 millones del plan, un dinero, que según dice, no tienen.
La medida le parece, además, especialmente hiriente, después de que el presidente del Gobierno anunciara el aplazamiento a los ayuntamientos del pago de 1.500 millones correspondientes a la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y lo justificara por las dificultades económicas que atraviesan las corporaciones locales. "Por un lado nos aplazan 1.500 millones y por otro nos piden 2.400. ¿Pero qué es esto?" interrogaba.
Rita Barberá hubiera preferido que la forma de pago se hubiera conocido desde el principio, pues así "habríamos hecho nuestras previsiones o no habríamos hecho tantas obras". Lo que no es tolerable, explica, es cambiar de criterio cuando el plan ya está en su fase final. "Así no se puede", dijo la alcaldesa, quien añadió que "este cambio produce una inseguridad jurídica grave" y embarca a los ayuntamientos y a las empresas a una situación muy complicada.
Para terminar, lamentó la cerrazón del Gobierno al imponer esta medida, pues en el correo electrónico que la contiene, curiosamente dado de alta como "noreply@map.es", se advierte que no hay réplica posible. Textualmente dice que "no se contestarán dudas o controversias relativas a la aplicación o interpretación de la ley".

Respuesta socialista
En respuesta a las palabras de la alcaldesa, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, aseguró que "las afirmaciones de Barberá son un rosario de mentiras". Alborch ha recordado que "las condiciones de la convocatoria explicitaban de forma clara los requisitos que debían reunir los ayuntamientos", por lo que considera que "Barberá habla de oídas y, como es habitual, con voluntad de confundir".
"Induce o trata de inducir a la confusión cuando habla de financiación local porque este no es un plan de financiación local, es un fondo histórico de carácter extraordinario para mantener y generar empleo a través de obras en los municipios", explicó la portavoz socialista, quien recordó a Barberá que el actual sistema de financiación local data de la etapa de gobierno de Aznar. "Cuando se aprobó, la alcaldesa aplaudió con entusiasmo el sistema que ahora tanto critica", subraya.