El Gobierno asegura que los detalles del pago se conocen desde el principio

J. P. VALENCIA El Ministerio de Política Regional respondió ayer a las inquietudes de los ayuntamientos respecto al abono del 30% del Plan de Inversión Local asegurando que los requisitos del fondo están publicados en el Real Decreto de noviembre de 2008. El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, explicó ayer que ese decreto fue publicado el 2 de diciembre de 2008 y por lo tanto "los ayuntamientos conocían los requisitos que se exigían", prueba de lo cual es que "en estos 10 meses no se ha escuchado ninguna queja al respecto".
Según el ministerio, el decreto explica con claridad que el Gobierno efectuaría el primer pago del 70% del importe tras la recepción y verificación del certificado de adjudicación. A continuación, y según el artículo 9.5 del texto, "los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato".
Es más, las Resoluciones de la Secretaría de Estado de 17 de febrero y 20 de marzo de 2009 precisan que "los ayuntamientos debían detallar los pagos efectuados a los adjudicatarios y remitir la información a la Dirección General de Cooperación Local en el plazo de los diez días siguientes a la realización del pago final de las obras". Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos del decreto, el Ministerio libraría la última remesa de los fondos en el plazo máximo de un mes.
"Desde diciembre de 2008, los ayuntamientos saben cuáles son los requisitos para percibir el 30% restante", recalca Zarrías, quien explicó que hasta la fecha se han liquidado con "absoluta normalidad" 2.050 proyectos en toda España correspondientes a 1.044 ayuntamientos a los que se ha transferido por ese concepto un total de 29,5 millones de euros.

Control necesario
El secretario de Estado de Cooperación Territorial indica que con estos criterios se ejerce una necesaria función de control sobre estos fondos públicos, de manera que pueda comprobarse fehacientemente que han sido utilizados para los proyectos a los que fueron destinados.