JOSÉ PARRILLA VALENCIA
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El Gobierno municipal rechazó ayer la propuesta del grupo socialista de expropiar terrenos para construir viviendas de protección pública (VPP) asegurando que más de la mitad de las que se han construido en la ciudad no se están vendiendo porque los adjudicatarios no tienen opción a un crédito. "Pedir eso es desconocer absolutamente lo que pasa en la calle", dijo el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, en referencia a los socialistas.
En rueda de prensa posterior a la comisión de Urbanismo, Bellver explicó que en la promoción de la empresa pública Aumsa en la calle Marqués de San Juan, número 32, sólo se han ocupado 15 de las 45 viviendas construidas (66%) porque las personas a las que les fueron adjudicadas no encontraron un banco que les diera un crédito.
Es más, aseguró que en las promociones que Aumsa destina a la venta -la mayoría son en alquiler- el 50% de las viviendas están corriendo la misma suerte, un porcentaje similar al que dan los promotores privados, que es del 55%, dijo el concejal. "Hay gente dispuesta a construir y personas dispuestas a comprar, pero los bancos no están concediendo créditos", añadió Bellver, para quien el culpable de esta situación es el Gobierno central, que "sigue diciendo que aquí no pasa nada en vez de aplicarse y conocer los problemas". "El Gobierno -insistió- no está haciendo lo necesario para que los bancos financien a los ciudadanos".
El Ayuntamiento, por su parte, sí asegura estar haciendo todo lo que está en su mano, con precios que no son caros -"están, en cualquier caso, aceptados por el Ministerio de Vivienda", precisó- y multiplicando por tres el plazo para la presentación de documentos.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia aseguró que esta situación no es exclusiva de la capital, sino que se repite, e incluso con más intensidad, en las poblaciones del área metropolitana de Valencia, donde ha habido casos, como uno de Catarroja, donde no se ha podido adjudicar ninguna casa.
Bellver cree que el Gobierno está "insultando a los ciudadanos", pues "les están poniendo el caramelo en la boca y luego se lo estan quitando. Esto es un insulto a la gente", insistió el concejal de Urbanismo.