El padre de uno de los dos jóvenes fallecidos en accidente de moto en el puente de l'Assut de l'Or, Antonio Labella, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los concejales Jorge Bellver y Alfonso Novo, el arquitecto Santiago Calatrava y varios técnicos municipales por su responsabilidad en el diseño, acondicionamiento y señalización del puente, causas, asegura, del mismo.

El accidente se produjo el 23 de mayo de 2009 cuando Antonio Labella circulaba por el puente y se vio sorprendido por los coches que había parados en el semáforo al otro lado del cambio de rasante. Aunque el joven trató de hacerse con el control de la moto, la brusca frenada lo lanzó contra uno de los vehículos y murió.

Según la denuncia, presentada por el letrado Rubén Serrano López, del despacho Serrano-López Abogados, "si bien existió exceso de velocidad en el pilotaje de la motocicleta que contribuyó a la causa del accidente, en el mismo intervinieron una serie de circunstancias que afectan a la seguridad del tráfico y que resultaron de vital importancia para el fatal desenlace".

En primer lugar, dice la denuncia, "nos encontramos con un cambio de rasante que resulta muy peligroso y con espacio insuficiente para la reacción de los conductores, habida cuenta de la asimetría anómala del puente y la ausencia de señalización suficiente en el momento de los hechos". El propio atestado adjuntado en el expediente precisa que "a pesar de tratarse de un puente rectilíneo, su visibilidad es reducida por cambio de rasante".

Reacción tardía

La denuncia, recuerda, así mismo, que en este punto se han producido una serie de accidentes mortales o con graves daños materiales y humanos y que "las fechas en que se comenzaron a plantear por el Ayuntamiento de Valencia la posibilidad de aumentar la señalítica del puente son posteriores a la producción del fatal accidente".

En cuanto a las "irregularidades en la construcción del puente", la denuncia recoge una serie de informes de los propios técnicos municipales que advertían que la obra no se ajustaba a los parámetros legales en cuanto a iluminación, bordillos, carriles o barandillas, deficiencias que se mantenían en el momento de la apertura del puente y que no impidieron su puesta en servicio.