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El Consell Valencià de Cultura no se ha pronunciado oficialmente hasta la fecha en relación a la controvertida prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal, declarado conjunto histórico protegido. El silencio del máximo órgano consultivo de la Generalitat en materia de patrimonio histórico en diez años de conflicto entre la Administración y los vecinos se atribuye por estos últimos "a las presiones políticas". La correspondencia que mantuvieron el presidente del CVC, Santiago Grisolía, y Dolores Martí, una vecina del barrio, evidencia el rechazo callado de este último al plan urbanístico.

Santiago Grisolía nunca autorizó a la vecina, una histórica de Salvem el Cabanyal, el movimiento contrario a la prolongación, a difundir las cartas como ella le pidió en más de una ocasión. Alegaba que contenían "manifestaciones personales que comprometerían abusivamente el futuro del preceptivo informe del Consell Valencià de Cultura". Informe que nunca se llegó a hacer.

Ella respetó su voluntad, pero ahora tras su muerte, sus hijos -Vicente y Mª Dolores Gallart Martí- han decidido remitir la correspondencia al Ministerio de Cultura, donde se redacta por orden del Tribunal Supremo un informe que determine si el plan urbanístico supone expolio al patrimonio, lo que podría acarrear su paralización. Los hermanos Gallart confían en que los documentos de su madre sirvan para frenar el plan.

El presidente del Consell de Cultura visitó en 1999 el barrio del Cabanyal, al que le unen vínculos personales y sentimentales. Dolores Martí guió a los representantes del Consell en su recorrido por el barrio. Tras la visita, la vecina escribió una carta, fechada el 8 de febrero de 1999, a Grisolía en la que le pedía su intervención para evitar el derribo de sus casas (1.400) previsto por el plan del gobierno de Rita Barberá. "Estamos muy tristes por esta sinrazón, señor Grisolía. ¡Ayúdenos!", le pedía Dolores Martí.

Dos semanas más tarde, el máximo representante del Consell de Cultura le respondía expresándole su solidaridad y su admiración por la manera en que la vecina les puso "ante los ojos el valor más insustituible de su barrio: la comunidad a la que da forma y una cultura urbana propia que puede morir sin hijos".

"Señora Martí, tiene usted mi solidaridad y le prometo que haré todo lo que pueda para que nuestras razones sean al menos escuchadas", aseguró Grisolía, quien a renglón seguido mostraba a la destinataria su "miedo" por que "la marcha que están tomando las cosas sea más poderosa que su lúcido civismo". "Lamentablemente, el respeto por nuestra historia no abunda entre los valencianos (...). Grisolía terminaba su primer escrito diciéndole a Dolores Martí que estuviera tranquila porque "haré cuanto pueda, desde el Consell de Cultura, para que los planes urbanísticos que afectan al Cabanyal se examinen desde el respeto a su valores históricos y culturales". Con todo, recuerda que el CVC "no tienen poder ejecutivo" y que las decisiones del órgano "dependen de debates internos entre posiciones no siempre unánimes".

Dolores Martí escribió en dos ocasiones más a Grisolía pidiéndole ayuda y un pronunciamiento, al tiempo que le preguntaba si estaba "obligado, como miembro de un partido, a dar por buena una decisión equivocada y contraria a sus sentimientos". Grisolía siguió respondiendo pero en un tono cada vez más distante. En una carta, fechada el 9 de agosto de 2000, zanja el tema asegurando que "la institución hará públicos sus criterios cuando preceptivamente sea consultada". Salvem el Cabanyal aún sigue esperando el informe sobre el plan urbanístico del CVC, que sí informó a favor de la declaración BIC y que sí se ha pronunciado en otras ocasiones ante peticiones vecinales.