Los municipios reclaman revisiones del valor catastral cada 5 años como máximo

PACO VAREA VALENCIA Los precios de la vivienda han bajado entre un 20% y un 30% pero el valor catastral se incrementa cada año un 2% en los municipios en los que la revisión catastral está paralizada, cumpliendo lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y esto es algo que todos los ciudadanos conocen cuando les llega el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tienen que abonarlo.
A día de hoy los valores catastrales están desajustados en relación con el precio del mercado inmobiliario y muchos municipios, como el de Valencia, han optado por frenar la revisión.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), consciente de esa situación, mantiene una firme oposición a la propuesta de la Dirección General del Catastro de aplicar un coeficiente reductor de los valores catastrales en vista de la reducción del precio de la vivienda. La rebaja mermaría las ya exangües arcas municipales.
La comisión ejecutiva de la FEMP aprobó un informe en el que frente al planteamiento reductor del Catastro, ofrece dos propuestas: la aplicación de bonificaciones en el IBI ya contempladas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y una segunda que pasaría por modificar el texto refundido de la Ley del Catastro para suprimir el veto a una revisión de valores en un plazo inferior a cinco años y poder hacer, a petición de cada ayuntamiento afectado, una nueva revisión por un procedimiento simple y urgente.
Las revisiones se hacen en estos momentos cada 10 años y desde la FEMP se plantea modificar el método o hacer una revisión en un plazo inferior al quinquenio para acercar los valores a los precios reales con más agilidad.
Lo que plantean los dirigentes municipales es una actualización de valores en plazos inferiores a diez años y un coeficiente reductor de valores para tiempos de crisis. Entre otras razones, la FEMP teme que en municipios con valores recién revisados se tenga que aplicar el coeficiente por presión social en contra de su voluntad.
El Ayuntamiento de Gijón fue uno de los que planteó medidas legales para que la actualización de valores se ajuste a la evolución real del mercado inmobiliario. En la ciudad asturiana la revisión de valores se hizo en 2008 y su ayuntamiento, como el de otros muchos, considera que los valores tomados entonces no se corresponden con los reales de ahora, en plena crisis de demanda. Mientras, los ciudadanos han notado que los recibos alcanzan un importe elevado frente al descenso en el precio de sus viviendas.
La propuesta de Gijón pretende asegurar que el valor catastral se mantenga en torno a un 40% del valor del mercado inmobiliario y que haya coeficientes distintos.


El Ayuntamiento de Valencia debía aplicar la revisión de valores en 2009 después de un estudio que debía hacer la Dirección General del Catastro pero la alcaldesa, Rita Barberá, optó por aplazarlo sin fecha fija. En aquel momento, los concejales de Tributos y de Grandes Proyectos, Silvestre Senent y Alfonso Grau, afirmaron que "la situación es complicada para muchas familias y su tranquilidad es el motivo principal de la decisión de aplazar la revisión". Además, agregaron que otro de los motivos era la inestabilidad del mercado inmobiliario con un descenso de los precios justo en el momento de iniciarse la revisión. Los datos que manejaba el Catastro supodrían un valor desajustado a la realidad". Dicho y hecho. Se aplazó la revisión pero el IBI aumentó un 2% que se notará en el recibo de 2010. A Valencia se sumaron Castelló y Málaga, aunque en este caso el recibo se incrementó en un 4,6%. Ahora todo depende del Gobierno Central. p. vareavalencia