El TSJ anula la aprobación por decreto y sin debate en el pleno del presupuesto de 2009

HORTENSIA GARCÍA VALENCIA El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado, a menos de dos meses de acabar el año, el presupuesto de 2009 del Ayuntamiento de Valencia. La sentencia de la sección quinta de lo contencioso-administrativo del TSJ, que no aclara si cabe recurso, da la razón al grupo municipal socialista, que impugnó la aprobación automática de las cuentas de este año sin pasar por el pleno, vía decreto del concejal de Presupuestos, y sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por los vecinos.
Más allá del alcance del fallo, que en caso de acatamiento por parte del gobierno municipal obligaría a convocar al pleno de la corporación para decidir si se tienen o no en cuenta las alegaciones de los vecinos, la sentencia supone un toque de atención para el equipo de gobierno de Rita Barberá que en estos momentos confecciona las cuentas de 2010.
El gobierno del PP aduce que no se tuvieron en cuenta las 22 alegaciones vecinales porque no entraban en los supuestos previstos por la ley y no merecían tal calificación. Al no existir otras alegaciones, el equipo de gobierno sostiene en el recurso contencioso que la aprobación por decreto del concejal fue un "acto de trámite" y correcto.
La sala en cambio estima que el proceder del gobierno local vulneró la práctica de aprobación del presupuesto en la medida en que las reclamaciones, alegaciones y sugerencias deben ser resueltas por el pleno y no por un concejal delegado. La sentencia recuerda que "la ley 7/85 reserva al pleno la aprobación de los presupuestos y que el artículo 169 de la ley de Haciendas Locales reserva la automática aprobación del mismo para el caso de ausencia de reclamaciones, no para el caso de que existan tales aún cuando su calificación jurídica no deba ser tal, calificación que corresponde al órgano resolutorio", en alusión al pleno.
Para el concejal socialista Juan Ferrer, cuyo grupo ha impugnado en tres ocasiones las cuentas municipales del PP, el fallo evidencia la "arrogancia" de la alcaldesa, que en el pleno de diciembre del año pasado desafió a la oposición al introducir fuera del orden del día un comentario en el que informaba de que los presupuestos ya estaban aprobados.
El inciso de la alcaldesa, que pidió que constase en acta que el presupuesto estaba aprobado sin alegaciones, dio pie entonces a un acalorado debate entre Barberá y el concejal de la oposición Juan Ferrer, quien acusó a la regidora de "secuestrar los presupuestos al debate plenario". Según Ferrer, la alcaldesa Rita Barberá intentó evitar que se volvieran a debatir en el hemiciclo sus presupuestos y medidas anticrisis del PP y lo hizo "a costa de vulnerar la legalidad". La sentencia llama la atención sobre el rifirrafe entre Barberá y Ferrer y alude a la "particular forma de introducir una meción sin contenido aparente en el pleno, en cuyo orden del día no figura, pero en el que no obstante se dice que fue aprobado con cruce de acusaciones entre la alcaldesa y el recurrente", Juan Ferrer.
Del "pique" al desacato de las órdenes de Ferraz
El concejal socialista Juan Ferrer se saltó el año pasado las directrices de Ferraz de apoyar los presupuestos en los ayuntamientos para facilitar la gestión municipal ante la crisis. El concejal de la oposición anunció en el pleno de diciembre de 2008 que impugnaría los presupuestos porque con la aprobación automática de las cuentas Rita Barberá había sustraído el debate al pleno amparándose en que no había alegaciones. La alcaldesa, dice Ferrer, le provocó al comentar en el hemiciclo, sin venir a cuento, que las cuentas ya habían sido aprobadas y que al PSPV (que se abstuvo en la votación inicial del presupuesto) lo que le molestaba era no haber podido criticarlas por tener que acatar las órdenes de su partido.