El conflicto de la reunión lo planteó la Junta Local Fallera de Aldaia. Su presidente, David Solís, preguntó a Ibáñez si la obtención de la acreditación por parte de los casales les exime de pedir la licencia de actividad que ahora les exigen los jueces, cuando se producen denuncias, y por tanto evitará el cierre de locales. Según Solís, la pregunta se formuló hasta cuatro veces sin respuesta. "Seguimos en el mismo punto y con la misma incertidumbre porque el Consell va a hacer un decreto en lugar de una ley que sustituya a la actual de Espectáculos y que se aplique a las fallas, que es lo que llevamos tiempo reclamando".
