El presupuesto local de 2010 no cuadra y se retrasa a diciembre

H. GARCÍA VALENCIA Al equipo de gobierno de Rita Barberá no le cuadran las cifras de los presupuestos municipales de 2010 que no estarán cerradas a tiempo para su aprobación provisional en el pleno de este mes de noviembre, como venía siendo habitual. El tiempo y los plazos legales se le echan encima al equipo de gobierno de Rita Barberá. La idea es convocar un pleno extraordinario en la primera o segunda semana de diciembre para la aprobación inicial de las cuentas y su posterior exposición al público, que tendrá que hacerse en tiempo récord. El plazo de alegaciones que marca la ley de Haciendas Locales es de 15 días.
Los planes del concejal de Presupuestos, Silvestre Senent, de recortar gasto corriente para equilibrar el recorte de 57 millones en las transferencias del Estado y la caída de la recaudación de impuestos municipales en 17 millones sin tocar las inversiones se han desbaratado y ahora se anuncia un recorte de ocho millones en las inversiones del año próximo.
La ley de Haciendas Locales obliga a los ayuntamientos a aprobar los presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. De no ser así quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior. Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia anuló hace unos días la aprobación automática, sin tener en cuenta las alegaciones de los vecinos, de las cuentas de 2009, que deberán volver a pasar por el pleno para quedar validadas. La rueda de prensa de presentación del presupuesto de la alcaldesa esperada para hoy viernes se pospone. La regidora estará hoy en Sevilla para participar en la reunión de la Unión Intermunicipal Popular que se celebra en al Isla de la Cartuja.

Recorte de 8 millones en inversión
El PSPV lamentó ayer que el equipo de gobierno haya optado por rebajar la inversión en el presupuesto municipal de 2010 en lugar de reclamar a la Generalitat el dinero que le debe, cuyo cobro habría permitido mantener o, incluso, incrementar el volumen de la inversión municipal y, por tanto, hubiera contribuido a reactivar la economía de la ciudad. "Barberá prefiere que los valencianos lo pasen mal a enfrentarse con Camps de la misma forma que lo hace con el Gobierno central" afirmó el concejal Juan Ferrer. "Otros ayuntamientos han mantenido el esfuerzo inversor y han movilizado el dinero público", apuntó el edil.
La Generalitat debe al ayuntamiento 57 millones en concepto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de los edificios de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. A su vez, la administración autonómica adeuda a la local 17 millones en concepto de las mensualidades impagadas de convenios con vigencia para 2009, a los que se unen tres millones más procedentes de ejercicios anteriores.
Ferrer recordó que, al no haber firmado con el Gobierno el contrato programa de transporte metropolitano, ha impedido la llegada de 240 millones de euros desde 2004. El Gobierno destinará el año próximo 87 millones a través del segundo plan Zapatero a Valencia y también se esperan los 163 millones del plan Camps.