El código de buen gobierno descafeinado de Valencia

HORTENSIA GARCÍA VALENCIA
El pacto por la transparencia y contra la corrupción que presentó el 21 de noviembre Mariano Rajoy para "dignificar la vida política" ante el aluvión de casos de corrupción política dejan en evidencia por superficial el código de buen gobierno del Ayuntamiento de Valencia, aprobado hace hoy cuatro años por consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia.
El código de buen gobierno del ayuntamiento tiene 36 artículos que regulan desde una perspectiva ética aspectos como los regalos a los políticos (dice que "se rechazarán" aquellos presentes que vayan "más allá de los usos habituales y de cortesía"), la "declaración de bienes de los miembros de la corporación (que deberá ser "veraz", aunque no dice nada de que se haga pública), el transfuguismo y las obligaciones de los miembros de la corporación como la austeridad, el "conducirse con decoro" y no hacer un "uso impropio" de los recursos públicos, como pueden ser los coches oficiales o teléfonos móviles.
El gobierno del "cap i casal" incumpliría a día de hoy la mayor parte de las 40 medidas que propone Rajoy. Es el caso de la elaboración de auditorías externas de las cuentas públicas -el ayuntamiento sí realiza una auditoría interna-; la publicación de las retribuciones íntegras de los cargos públicos y el personal de confianza; y la homologación en base a criterios de población y presupuesto de las retribuciones de los concejales.
Tampoco se ajusta a la transparencia que propugna Rajoy una práctica muy extendida en el Ayuntamiento de Valencia como es la adjudicación de obras sin concurso público, de la cual advierte año tras año la auditoría interna. Tampoco la excesiva provisionalidad o "interinidad" de los funcionarios, en especial en las jefaturas de sección que en el Ayuntamiento de Valencia se asignan a dedo y provisionalmente.
Hay otras propuestas de transparencia se cumplen a medias como la de dar entrada a la oposición en los consejos de las sociedades y empresas públicas y patronatos de fundaciones. Los socialistas están representados en empresas municipales como la de obras (Aumsa) pero están vetados en Turismo Convention Bureau o en el CEyD.
Una de las contribuciones de Rita Barberá a la transparencia fue la decisión al poco de llegar a la alcaldía de dar a los asesores de los grupos políticos -los ediles tienen el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución- el acceso directo a toda la documentación de los expedientes administrativos.