La TV municipal se salta la obligación de justificar que el nuevo socio es solvente

HORTENSIA GARCÍA VALENCIA El pase de las acciones de José Luis Ulibarri, hasta ahora socio de referencia de la empresa concesionaria de Televisión Municipal Valencia, a un nuevo socio está alcanzando tintes surrealistas. El primer teniente de alcalde y presidente del ente público Televisión Municipal Valencia, Alfonso Grau, insiste en que no sabe quién está detrás de la compra de las acciones del empresario imputado en el caso Gürtel y que el asunto no va con el ayuntamiento porque es un "acuerdo privado entre empresas". Con todo insiste en la legalidad de la operación. El PSPV no se cree la respuesta y ayer el concejal socialista Juan Soto apuntó en una rueda de prensa que Grau o es "un mentiroso o un irresponsable" por llevar al último consejo de administración de TMV un traspaso de acciones a un comprador (123 Comunicaciones) cuya identidad real se desconoce y cuya solvencia económica no está acreditada pues la empresa aún no ha sido dada de alta en el registro mercantil.
Soto advirtió ayer de que la autorización -con los votos en contra del PSPV- de la compra-venta del 80% de las acciones de Ulibarri en Ondas 13 (la concesionaria de la tele municipal) es nula porque vulnera el pliego de condiciones. En concreto, la cláusula 28 que establece que en las modificaciones del accionariado que supongan un cambio del accionista de referencia se deberá "acreditar la solvencia técnica [ante el consejo de administración de TMV] en el momento de la adjudicación del contrato". Por ese motivo, dijo Soto, la operación es "ilegal". Así, ha presentado una moción al pleno de mañana solicitando que la venta de acciones se someta el viernes en los términos que marcan los pliegos a aprobación del pleno constituido como Junta Extraordinaria de TMV.
Soto también hizo pública la respuesta del teniente de alcalde en relación a su solicitud de dar traslado al juez del caso Gürtel de la venta de las acciones de Ulibarri por si pudiera ser constitutivo de alzamiento de bienes.
La respuesta de Alfonso Grau, fechada el 23 de noviembre, además de poner en evidencia el incumplimiento del pacto por la transparencia de Rajoy, lleva a la oposición a otro camino sin salida. Grau apunta que la transmisión de acciones fue autorizada por un notario (Manuel Lora Tamayo) al cual remite para saber detalles de la escritura y si se ha cometido algún acto ilícito. Soto informó de que el fedatario aludido se ha negado a facilitarle cualquier información argumentando que es un documento "secreto". Tanto como la "reunión informal" que mantuvieron ayer en Valencia los actuales adjudicatarios de la tele con sus nuevos socios de la que se han negado los detalles.